Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La difícil situación que atraviesa nuestro país no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una serie de decisiones y circunstancias que han llevado a un deterioro alarmante de nuestras instituciones y valores democráticos. Es fundamental analizar las raíces de este problema para entender cómo hemos llegado hasta aquí y qué debemos hacer para salir del atolladero.
En apenas seis años, hemos visto pasar cuatro gobiernos de izquierda que han demostrado ser tanto mediocres como corruptos. Esta inestabilidad política ha generado desconfianza en las instituciones y ha debilitado la capacidad del Estado para abordar los problemas que enfrenta la población. La falta de liderazgo y visión ha dejado a muchos ciudadanos sintiéndose abandonados y desilusionados.
La situación se agrava con la elección de ministros que, en muchos casos, han mostrado ser incompetentes o corruptos. Estos funcionarios, a quienes les quedó grande la responsabilidad, han sido incapaces de implementar políticas efectivas o gestionar adecuadamente los recursos del Estado. En lugar de servir al interés público, han priorizado sus propios intereses o los de sus allegados.
Además, hemos visto cómo operadores de izquierda progresista-caviar, en complicidad con ONGs afines, se han aprovechado de la situación. Prendidos de la “ubre estatal”, manipulan a gobernantes y ministros para acceder a cargos públicos o conseguir consultorías jugosas e innecesarias. Esta dinámica no solo perpetúa la corrupción, sino que también socava la legitimidad del gobierno ante los ojos del pueblo.
Uno de los aspectos más preocupantes es la penetración de presuntas organizaciones criminales en nuestras instituciones judiciales. Estas entidades han copado el sistema de administración de justicia para extorsionar, chantajear y manipular a políticos y autoridades. Este fenómeno no solo debilita el estado de derecho, sino que también manipula la voluntad popular expresada en las urnas, favoreciendo a actores políticos que se subordinan a sus intereses delictivos.
Por último, la creación de una policía política empoderada ha llevado a un escenario donde se persigue a opositores políticos y a quienes amenazan el control que estas organizaciones criminales ejercen sobre la justicia. Se generan escenarios delictivos ficticios y mediáticos para desacreditar a quienes se atreven a cuestionar el estado actual.
Es imperativo que como sociedad tomemos conciencia de esta realidad. La corrupción y la manipulación no solo afectan a las instituciones; afectan nuestra calidad de vida y nuestro futuro como nación. Necesitamos exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes y funcionarios públicos.
La solución no radica únicamente en cambiar a los actores políticos, sino en transformar el sistema que permite que estas dinámicas continúen. Debemos trabajar juntos para restaurar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que sean verdaderamente representativas del pueblo.
El camino hacia un futuro mejor requiere un compromiso colectivo para erradicar la corrupción y fortalecer nuestra democracia. Solo así podremos construir un país donde prevalezcan la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos.