La pregunta de millón:
En un hecho por demás bochornoso y pervertido, nunca antes visto en estos lares, dos organismos del estado han resultado enfrentándose entre sí a causa de un hecho que tiene todos los agravantes de un acto típico de apropiación ilícita. Por un lado están los trabajadores -se habla incluso de magistrados- de la Corte Superior de Justicia del Santa, Ministerio Público y Defensoría Pública y, por otro lado, no podía faltar el siempre maltratado Proyecto de irrigación Chinecas.
Esta es una historia bastante conocida de la que nos ocupamos ampliamente los días 7 y 8 de febrero del presente año, el mismo que sucedió cuando los servidores de estas tres instituciones del sistema de justicia fueron intervenidos en el preciso momento en el que tomaban “posesión” de lotes de viviendas en una parcela de 60 hectáreas de propiedad del Proyecto de Irrigación Chinecas. Inicialmente, como es de amplio conocimiento público, esta considerable extensión de tierras fue “vendida” por miembros de la auto denominada Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco y posteriormente “donada” por esa fantasmal institución a favor de un supuesto programa de vivienda de nombre Asociación Villa del Universitario.
Existen sin embargo numerosos dispositivos legales que consagran la intangibilidad de las tierras de Chinecas, en su condición de propiedad privada. Estos dispositivos establecen jurídicamente que la única manera de acceder a dichas tierras es a través de un proceso de subasta pública. Así de concreto. Entre estas normas vigentes cabe mencionar al Decreto Supremo N° 072-85-PCM que crea el proyecto Especial Chinecas; asimismo la ley27867, ley de gobiernos regionales. También la Ley 29446 que declara la viabilidad técnica y económica del proyecto y la Ley 30725 que declara de interés nacional la ejecución de Chinecas.
Desconocemos si los trabajadores judiciales, y quienes los patrocinan, tienen conocimiento de la existencia y de los alcances de estos dispositivos. Pues por la forma cómo vienen insistiendo en consumar esta apropiación ilícita, dispuestos a mantenerla con uñas y dientes, tal parece que los trabajadores judiciales, llamados a salvaguardar el estado de derecho, están haciendo tabla rasa de la ley. Por meros apetitos personales, están enfrentando a dos organismos del estado, creando un conflicto de intereses que está al margen de la legalidad. Por mucho que, según ellos, tengan la sartén por el mango, no por eso les asiste la razón.
Y no solamente eso. Esta temeraria actitud amenaza con dejar sentado un caso de jurisprudencia en agravio del propio estado. Ante la hipotética eventualidad que lograsen salirse con la suya, van a dejar la mesa servida para que otros invasores del proyecto se valgan de las mismas artimañas para apoderarse de las tierras de propiedad del estado, con lo que Chinecas dejaría de ser un proyecto factible, llamado a impulsar la agro exportación y a generar miles de puestos de trabajo. Aún así, ¿se legalizará esta apropiación ilícita?