En una sesión de urgencia realizada el pasado 26 de agosto en el auditorio del Palacio Municipal, los miembros del Consejo Provincial de Salud acordaron por unanimidad solicitar al gobierno central que se declare en emergencia sanitaria a la provincia del Santa como consecuencia de la contaminación de las aguas del río Santa provocada por los relaves de la minería ilegal que, con la más absoluta desfachatez, sigue campeando como si nada en la zona de Pampas, provincia de Pallasca.
Ya para esa fecha, los análisis de laboratorio realizados por Sedachimbote, entre otras instituciones, daban como resultado irrebatible la presencia de arsénico y metales pesados, en niveles muy altos, en las aguas del río más importante de nuestra provincia. No hace falta recalcar que la situación pone en grave riesgo no solo la salud de los consumidores directos sino también la salubridad de los productos agrícolas y de pan llevar que se irrigan con estas aguas y que todos los días se comercializan en diferentes mercados y centros de abasto de la provincia. Cabe puntualizar asimismo que, independientemente de los usuarios de Sedachimbote, existen igual número de pobladores que viven en ambas riberas del río y que consumen el agua sin más procedimiento de por medio que haciéndola reposar de un día para otro.
A punto de cumplirse dos meses desde que se aprobó el pedido de emergencia sin haberse obtenido hasta la fecha ninguna respuesta concreta, recién hoy, miércoles 16 de octubre, los funcionarios del gobierno regional de Ancash han programado una reunión en las oficinas de la Sub Región Pacífico, según se afirma, para tratar el problema de la contaminación de las aguas del Santa. A la cita han sido convocados los representantes de las diversas organizaciones agrarias de la provincia, quienes el lunes acudieron al despacho del alcalde provincial y presidente del Consejo Provincial de Salud, Luis Gamarra Alor, para solicitarle que los acompañe en la reunión.
Como se sabe, el procedimiento para que el gobierno central declare en emergencia sanitaria una determinada provincia del país, establece que este pedido, totalmente justificado, sea evaluado previamente por el respectivo gobierno regional y todo parece indicar que ese podría ser el objetivo central de la reunión de hoy.
Desde el 6 de agosto cuando se conoció en toda su intensidad los estragos de la contaminación causada por la minería ilegal, prácticamente nada ha cambiado. Todo sigue igual. En estos últimos días, el Diario de Chimbote ha publicado numerosas informaciones y fotografías que ponen en evidencia que la minería ilegal en la zona de Pampas no solo continúa como antes, sino que además se ha intensificado. Es de suponer entonces que las aguas del Santa estén corriendo la misma suerte.
De ahí que la pregunta que tenemos en el teclado es: ¿el gobierno regional y el gobierno central están esperando que la contaminación cause víctimas para que recién se declare el estado de emergencia?. Ojalá hoy día tengamos la respuesta.