Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Estamos atravesando un momento crítico en el que el Poder Judicial y la Fiscalía parecen haber entrado en un estado de rebeldía, infringiendo el orden constitucional con total impunidad e inaplicando leyes a su antojo. Aquellos que juraron defender la Constitución ahora la vulneran, mientras los poderes del Estado encargados de hacerla cumplir adoptan una actitud pasiva, casi cómplice, ante estos atropellos. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la integridad del sistema judicial peruano y su capacidad para garantizar la justicia.
Desde hace tiempo, la administración de justicia en Perú ha dejado de ser efectiva. Fiscales y jueces han transformado investigaciones y juicios en escenarios que evocan el más puro estilo senderista, donde se llevan a cabo juicios populares que desdibujan las fronteras entre justicia y venganza. En este contexto, la libertad se ha convertido en una mercancía cuyo precio se negocia en los pasillos de la Fiscalía y el Poder Judicial.
La corrupción y politización de la justicia se ha arraigado en las instituciones de la administración de justicia, creando un ambiente donde la extorsión, a través de las amenazas de prisión preventiva, los allanamientos arbitrarios, la confiscación de bienes y el cierre de cuentas bancarias son prácticas comunes para obtener beneficios ilegales. La libertad se negocia en los pasillos de fiscalías y juzgados, en restaurantes y hasta en clubes sociales.
La complicidad no se limita a los actores judiciales; también involucra a ciertos medios de comunicación que han convertido a fiscalías y juzgados en agencias de comunicación, de donde obtienen información clasificada, pero a la vez direccionada políticamente contra quienes amenazan la red de corrupción en el sistema de administración de justicia. Esta red de complicidades alimenta un ciclo vicioso que socava aún más la confianza pública en las instituciones.
Ante esta alarmante situación, es imperativo que los ciudadanos exijan una reforma integral del sistema de administración de justicia, que incluya al sistema penitenciario. Las reformas deben ir más allá de ajustes superficiales; es necesario articular el trabajo entre todas las entidades del sistema de administración de justicia para enfrentar el crimen de manera efectiva y despolitizar la administración de justicia.
La falta de una respuesta eficaz ante estas amenazas al orden constitucional ha dejado un vacío preocupante. La ciudadanía debe exigir transparencia y rendición de cuentas a sus representantes y a quienes ocupan cargos en el sistema judicial.
La anarquía institucional que estamos presenciando es un llamado urgente para todos nosotros. No podemos permitir que quienes deberían defender el orden constitucional y administrar justicia se conviertan en sus principales transgresores. Es hora de poner fin a esta situación insostenible y trabajar juntos para restaurar la confianza en nuestras instituciones mediante una reforma integral del sistema de administración de justicia. Solo así podremos construir un futuro donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y donde todos los ciudadanos sean tratados con equidad ante la ley.
En este contexto, es crucial recordar que las reformas deben ser profundas y no meramente cosméticas. Debemos exigir un sistema judicial independiente, capaz de resistir presiones políticas y económicas, y libres de corrupción. La creación de mecanismos sólidos para supervisar y controlar a quienes ejercen funciones judiciales es fundamental para garantizar que se actúe con imparcialidad y rectitud.
La crisis actual no solo amenaza el estado de derecho; también pone en riesgo nuestra democracia. Por ello, es esencial que cada uno de nosotros asuma un papel activo en la defensa de nuestros derechos y libertades. La lucha por una justicia verdadera comienza con nuestra participación informada y comprometida.