No nos engañemos:
Todo asesinato, cualquiera que sea el motivo o la circunstancia que tenga de por medio, es un hecho condenable, digno de ser sancionado con todo el peso y las armas de la ley. Salvo en los casos de legítima defensa, el derecho a la vida es inalienable. Es el derecho a existir, con el que nace todo ser humano, y nada ni nadie, ni siquiera los regímenes más radicales, pueden atribuirse la decisión de acabar con la vida de una persona. El derecho a existir es el don más preciado de la humanidad.
De ahí que el cruel asesinato de dos menores de edad, en un presunto ajuste de cuentas ocurrido el sábado último en el vecino distrito de Santa, no deja de ser un hecho execrable que merece la condena de la sociedad. Para nadie es un secreto que esta modalidad de hacer justicia a mansalva y con sus propias manos, se ha vuelto común entre las bandas delictivas que de esa manera, o bien resuelven sus conflictos internos, o bien hacen frente a su rivalidad con otras bandas.
El ajuste de cuentas, por lo mismo que tiene como principio la ley del ojo por ojo y diente por diente, es un recurso delincuencial despiadado y sin miramientos, que se viene incrementando en nuestro medio en la misma medida con que la delincuencia común y organizada está ganado terreno. Pues, igual que la ola de criminalidad que azota al país, los temores de la población aumentan con la misma intensidad y amenazan incluso con desbordarse en cualquier momento.
Desde luego, de eso es plenamente consciente no solo la Policía Nacional sino también el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, así este último insista en hacerse el desentendido. La verdad es que, mientras la Policía Nacional se mantenga mal equipada, sin logística y con la moral en baja, difícilmente podrá ganar la batalla a la delincuencia. Viendo a diario las condiciones en las que se encuentran las comisarías del país, por ahora esa es una misión imposible.
La desmoralización que esta realidad ocasiona en el ánimo de la institución policial y de los 33 millones de peruanos, de pronto se ha visto sacudida con el anuncio de la compra de 34 aviones de guerra, más un avión presidencial, que pretende finiquitar el gobierno de la presidenta Boluarte destinando para esta operación, que no es prioritaria, la exorbitante suma de 3 mil 500 millones de dólares, ¡14 mil millones de soles!
En una reacción destemplada y dominada por un inocultable afán de autoritarismo, los voceros de la presidenta Boluarte no han tenido mejor idea que tratar de justificar este magnidespilfarro acusando de traidores a la patria a quienes, desde distintas posiciones, han criticado con todo fundamento esta innecesaria adquisición. Traicionar a la patria es más bien ignorar el nivel de inseguridad que vivimos los peruanos y permitir que los delincuentes ganen la batalla a quienes custodian el orden.
Nadie cuestiona que nuestras Fuerzas Armadas necesitan modernizar sus equipos e implementos para fines de entrenamiento. Eso es indiscutible. Pero comprar aviones de guerra y un avión presidencial de última generación cuando no existe la contingencia ni señales remotas de una aventura bélica, es un insulto al estado de inseguridad y pobreza que vive el país.
No nos engañemos. La única prioridad que en este momento tiene el Perú y otros países de la región, es la guerra contra la criminalidad y la pobreza. ¿Por qué entonces no equipar debidamente a nuestra policía? No olvidemos que, tan importante como reprimir y combatir la delincuencia, es prevenirla.