Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto de ley destinado a modificar la Ley Nº 30942, que establece el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este proyecto busca implementar medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de dicho Consejo, que es fundamental para la transformación del sistema judicial en el país.
El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está conformado, de manera indelegable, por un grupo de altos funcionarios que incluye al presidente de la República, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente de la Junta Nacional de Justicia, al Contralor General de la República y al Defensor del Pueblo. El presidente de la República ejerce la presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia de forma indelegable.
Además, el Consejo cuenta con un consejo técnico compuesto por representantes técnicos de diversas entidades, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Academia de la Magistratura y el Ministerio del Interior.
Este consejo técnico tiene como responsabilidad ejecutar las decisiones del Consejo y proponer planes, estrategias y proyectos para mejorar el sistema judicial. El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia se reúne ordinariamente tres veces al año, mientras que el Consejo Técnico lo hace una vez al mes.
Al parecer el Poder Ejecutivo no comprende plenamente la urgencia de llevar a cabo una reforma integral en el sistema de administración de justicia. Esta iniciativa parece más una estrategia para salir del paso que un compromiso genuino con un cambio urgente y significativo.
La falta de acción decisiva y efectiva en esta área podría perpetuar los problemas existentes en el sistema judicial peruano y socavar aún más la confianza pública en las instituciones. Es esencial que se adopten medidas urgentes, concretas y efectivas que no solo aborden los síntomas del problema, sino que también busquen soluciones sostenibles a largo plazo.
Es esencial, que esta iniciativa, que puede ser concebida como un primer paso de una estrategia a muy largo plazo, no se convierta en una mera formalidad o en una estrategia para desviar la atención de los problemas reales. La urgencia por transformar el sistema judicial peruano es innegable; es hora de actuar con determinación y compromiso para garantizar una justicia accesible y efectiva para todos los ciudadanos. La reforma del sistema de justicia no puede esperar más; es una responsabilidad compartida entre el gobierno, el Congreso y toda la sociedad peruana.
Lo que propone la presidenta es una reforma del sistema de administración para las calendas griegas.