Autorizaron pago bonificación Covid:
La Contraloría General de la República identificó a quince funcionarios y servidores del hospital La Caleta que autorizaron el pago de una bonificación extraordinaria por riesgo de exposición al COVID-19 a sesenta trabajadores que no cumplían con los requisitos para recibir dichos beneficios. Dichos funcionarios y servidores del hospital La Caleta tienen presunta responsabilidad penal.
Así lo señala el Informe de Control Específico N. 022-2024-2-0830-SCE, donde se indica que la bonificación extraordinaria fue otorgada de manera irregular a jefes de área y personal que no prestaba servicios en áreas de alto riesgo, como Unidades de Cuidados Intensivos, hospitalización, vigilancia epidemiológica y manejo de cadáveres; tal como lo establecían las directivas del gobierno central.
Los quince funcionarios involucrados en las presuntas responsabilidades penales son: Marco Antonio Montoya Cieza, quien fue Director entre el 13 de mayo del 2019 y 06 de septiembre del 2021 y su vínculo contractual es CAS; además, Manuel Toledo Sánchez, jefe de asesoría legal entre el 17 de octubre del 2019 y 22 de junio del 2022, también de condición CAS: el tercero es Ricardo Zenón Aguirre Flores, Jefe del departamento de Cirugías desde el 04 de marzo del 2020 a la actualidad, tiene la condición de nombrado.
Además, Carmela Alfaro Segura, jefe del departamento de nutrición entre el 20 de julio del 2015 y el 24 de agosto del 2021, tiene condición de nombrado; Christian Gutiérrez Huayanay, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico entre el 29 de mayo del 2019 y el 18 de enero del 2021, tiene condición CAS; Jorge Luis López Calderón, jefe del departamento de medicina entre el 05 de noviembre del 2020 y 31 de enero del 2024, nombrado.
Richard López Iparraguirre, jefe de la Unidad Estadística e informática entre el 22 de noviembre del 2019 y el 26 de octubre del 2021, su condición es CAS y Miguel Ángel Bernal Nureña, jefe del Departamento de Patología Clínica entre el 13 de junio del 2018 y el 18 de enero del 2023, con condición de Nombrado.
Además, Roberto Méndez Lee, Jefe de la Unidad de Logística entre el 01 de junio del 2020 hasta el 22 de abril del 2021, de condición CAS; Lida Marleny Suarez Bermúdez, jefe de la unidad de gestión de calidad entre el 16 de febrero del 2018 y el 27 de enero del 2023, su condición es Nombrada. Moisés Tacanga Pizán, Jefe de la unidad de economía, entre el 25 de mayo del 2020 y 05 de marzo del 2021, su condición es nombrado. María Ventura López, Jefa del Servicio Social, entre el 26 de agosto del 2010 hasta la actualidad, su condición es nombrada, Rosa Luna Sánchez, jefe del servicio de farmacia entre el 09 de abril del 2019 y el 25 de octubre del 2021, su condición es nombrada y Juan Valderrama Chávez, jefe del área de remuneraciones entre el 19 de marzo del 2019 y el 29 de noviembre del 2021, de condición nombrado.
Señala la Contraloría, que en su condición de administradores de recursos públicos, los funcionarios y servidores implicados procesaron y autorizaron el pago de esta bonificación a personal que trabajaba en áreas ajenas al riesgo, tales como unidades de personal, economía, estadística e informática, asesoría legal, gestión de calidad, apoyo a la docencia e investigación, y planeamiento estratégico.
Los hechos descritos contravienen las disposiciones de los Decretos de Urgencia N°s 026, 068 y 184-2020-EF, así como el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1441, que regula el Sistema Nacional de Tesorería.
El informe, que fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Áncash y publicado en el Buscador de Informes de Control, cubre el periodo de evaluación comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 12 de marzo de 2021.
El documento ha sido remitido al director ejecutivo del Hospital La Caleta, quien deberá iniciar las acciones legales pertinentes contra los 15 funcionarios y servidores involucrados. Asimismo, se ha notificado al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades detectadas.