En el gobierno regional:
Ante la alegría de alumnos, profesores y padres de familia, el 6 de agosto del año 2018 el gobierno regional de Ancash inició la obra “Mejoramiento de la Calidad Educativa del colegio Santo Domingo de Guzmán” que, como sabemos, se encuentra en el distrito de Tauca, provincia de Pallasca. La obra, con un presupuesto de 5 millones 391 mil 904 soles, fue adjudicada al consorcio San Ramón, con el compromiso de ser ejecutada a más tardar en el plazo de un año, precisamente para no afectar el servicio y la calidad educativa de la población escolar.
Han pasado siete años desde entonces y, sin embargo, lejos de haber sido concluida y puesta en funcionamiento como se esperaba, resulta que la millonaria obra no solo se encuentra inconclusa, abandonada y expuesta a los rigores de un progresivo deterioro. Irónicamente, en vez de estar contribuyendo a mejorar la calidad educativa de los alumnos, como era la ilusión del pueblo de Tauca, el abandono de la obra ha obligado a que éstos tengan que estudiar como gitanos, en locales improvisados o migrar a otros planteles de la provincia.
De acuerdo con un reciente informe dado a conocer por la Contraloría General de la República, se ha establecido que once ex funcionarios del gobierno regional de Ancash, todos ellos plenamente identificados, tendrían responsabilidad penal en la comisión de graves irregularidades que han dado lugar a la paralización de la obra. Pues además de haber ocasionado un daño económico al Estado, el abandono de la obra está afectando seriamente el servicio y la calidad educativa en perjuicio de centenares de alumnos de la zona.
Pero eso no es todo. En otro informe del que nos hemos ocupado en nuestra edición de ayer, el órgano de control del Estado ha señalado que el gobierno regional de Ancash ha pagado partidas no ejecutadas, o que han sido mal ejecutadas, en la obra de mejoramiento del canal de riego Santa Cruz del distrito de Cochapetí, provincia de Huarmey, un proyecto que es esperado desde hace mucho tiempo por los agricultores del lugar. Demás está decir que el proyecto también es ejecutado por el gobierno regional de Ancash, a través de la Sub Región Pacífico, con un presupuesto de 8 millones 271 mil 461 soles. Lo que significa que en todo sitio se cuecen habas.
En ambas obras, la Contraloría ha dejado en claro algo que ya es compulsivo y sintomático en el comportamiento del gobierno regional. Extrañamente, los funcionarios encargados de supervisar la ejecución de obras y denunciar cualquier irregularidad, han pasado por alto una serie de falencias técnicas y administrativas cometidas por las empresas contratistas. Ni en una ni otra obra se ha cumplido con los plazos establecidos ni con la calidad del material utilizado. Tampoco se han ejecutado las cartas fianza ni se han aplicado las penalidades correspondientes. Todo lo que está escrito en el expediente técnico y consignado en el contrato de obra, es pura letra muerta.
Cuando la actual gestión se encuentra en vísperas de cumplir la mitad de su periodo reglamentario, el panorama que ofrece la labor del gobierno regional es motivo de frustración y desencanto general. Nada lo hace bien. Por esa razón, donde se pone el dedo salta la pus.