Desde un punto de vista maquiavélico, se puede afirmar que su sueño se ha hecho realidad. Como parece que siempre ha sido su deseo, el rector a medias de la universidad privada San Pedro, Javier Leopoldo Ulloa Siccha, ahora maneja esta casa de estudios superiores ni más ni menos como fuera una chacra de su propiedad, un predio tomado por la fuerza donde puede hacer lo que le dé su regalada gana. En el más grotesco desacato a la ley y el estado de derecho, Ulloa Siccha está exigiendo a los alumnos que el pago por concepto de estudios y certificaciones, no lo hagan en las cuentas bancarias de la universidad sino en una cuenta personal abierta a su nombre; algo que, por supuesto, es inconcebible en el sistema universitario del país.
La universidad San Pedro es una institución con personería jurídica, constituida con arreglo a la ley de sociedades y, como tal, acreditada por la SUNARP, SUNEDU, el sistema jurídico, la banca nacional y otros organismos e instituciones competentes. Precisamente, de conformidad con la ley de sociedades sus representantes legales, empezando por el rector, están en la obligación de contar con poderes y otras acreditaciones vigentes para poder ejercer sus respectivos cargos. De lo contrario, cualquier gestión que realicen a nombre de la universidad sin contar con dichos poderes, carece de toda legitimidad.
Sin embargo, desde la “elección” de Ulloa, hace ya dos años, este personaje se ha empecinado contra viento y marea en mantenerse ilegalmente en ese cargo a costa de hundir a la universidad en un caos legal, administrativo y financiero; una situación ya insostenible que, a medida que pasan los días, se agrava mucho más. Pero, aún cuando pudiera pensarse que no es así, esta suerte de caos y callejón sin salida parece satisfacer las verdaderas intenciones del “rector”. Nada mejor que pescar a río revuelto.
Sin importar para nada el principio de institucionalidad, con solo el apoyo del consejo universitario y de algunos empleados de su más estrecho entorno, Ulloa Siccha ha demostrado que se siente totalmente cómodo encerrado en sí mismo, evadiendo olímpicamente la coyuntura por la que atraviesa la universidad San Pedro en vísperas de su cierre definitivo. Como quiera que todos los ingresos económicos llegan a su nombre, él mismo paga su sueldo y seguramente dentro de poco hará lo propio cuando el Poder Judicial ordene a la universidad el pago a favor de Ulloa de una suculenta demanda por un cuarto de millón de soles. Para no hacerse de mayores problemas, el dinero es de esperar que el dinero pase de uno a otro de sus bolsillos y asunto arreglado.
Si algo quedará pendiente de pago es el daño que personas como Ulloa Siccha le han ocasionado a la universidad San Pedro y, con ello, a la ciudad de Chimbote. No será fácil olvidar que, después de haber formado a miles de profesionales, esta casa de estudios tenga que cerrar sus puertas en medio de la mayor vergüenza pública, como propiedad personal de un representante ilegal.