Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La “lógica política” es un concepto amplio que abarca diversas dimensiones del comportamiento político, desde la articulación de demandas sociales hasta la interacción con el derecho y la filosofía política. Comprender esta lógica es fundamental para analizar cómo se toman decisiones en el ámbito político y cómo estas decisiones impactan a la sociedad en su conjunto.
Un aspecto crucial de la lógica política es su relación con el “populismo”. Los políticos, al nutrirse de percepciones y emociones, a menudo toman decisiones que buscan maximizar su ganancia electoral. Sin embargo, incluso en este contexto, debe existir una conexión lógica entre la percepción del político —por muy irresponsable que sea— y la realidad social.
En este sentido, resulta difícil entender la lógica política de quienes apoyan movimientos LGBTQ+ que promueven el “matrimonio” entre personas del mismo sexo y la “adopción de menores” por parejas homosexuales, a menudo dejando de lado convenientemente sus propias creencias religiosas.
La reciente aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de la denominada “unión civil” entre personas del mismo sexo es un claro ejemplo de esta desconexión. Aunque algunos intentan presentar esta unión como un acuerdo patrimonial, en realidad posee todas las características de un matrimonio civil, incluyendo impedimentos similares a los de la institución matrimonial y derechos sucesorios que afectan a los familiares directos en la línea sucesoria.
Es innegable que existen situaciones en las que el trato hacia parejas del mismo sexo es evidentemente injusto y que el Estado tiene el deber de intervenir. Sin embargo, estas decisiones no deberían atentar contra instituciones fundamentales de nuestra sociedad, como el matrimonio tal como se concibe en nuestro ordenamiento constitucional y legal.
Es esencial respetar nuestro ordenamiento constitucional y a esa amplia mayoría de personas que no apoyan la creación de una figura paralela al matrimonio, ya que esto va en contra de los fundamentos naturales de esta institución y desatiende el impacto que puede tener en la identidad social.
Si este impulso legislativo responde a un populismo mal entendido —es decir, si busca votos ante la proximidad de una campaña electoral— resulta desconcertante que políticos del sector conservador arriesguen el apoyo de una masa electoral que representa el 92% de la población en favor de una minoría del 8%, según la última encuesta de Ipsos. Este último grupo jamás votaría por ellos, ni siquiera si se aprobara esta norma con nombre propio.
En mi mundo, un 92% es claramente más que un 8%. Por lo tanto, parece que a este sector conservador le está fallando la calculadora o, más preocupante aún, muestra una débil capacidad para realizar cálculos políticos efectivos. Esta desconexión entre las decisiones políticas y las realidades sociales plantea serias preguntas sobre la competencia y responsabilidad de nuestros líderes.
En conclusión, es fundamental que los políticos actúen con sensatez y responsabilidad al abordar temas tan sensibles como los derechos civiles, generando propuestas que dignifiquen el trato hacia parejas homosexuales, pero respetando nuestras instituciones y la identidad nacional. La lógica política debe guiar sus acciones hacia el bienestar general, pero sin percepciones distorsionadas. Solo así podremos construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todos los ciudadanos se sientan representados y respetados.