El martes de la semana pasada, sin más explicaciones que la frase lapidaria “pérdida de confianza”, la Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, dispuso el cese del procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, quien ha estado al frente de esta dependencia del Estado desde el año 2012. Entendemos que los cargos públicos, independientemente del nivel de eficiencia o ineficiencia con el que se desempeñan, son pasajeros. En el Estado, nadie es dueño de un puesto.
Pero a diferencia de lo que se estila en esta clase relevos, la resolución de cese no da a conocer el nombre del reemplazante de Asmat Urcia, lo que significa que la procuraduría anticorrupción del Santa ha quedado acéfala. Eso quiere decir que por ahora en dicha dependencia estatal no hay nadie que se apersone ante el sistema judicial a defender los intereses del estado en los casos de funcionarios públicos procesados por delito de corrupción. De ser así, estaríamos frente a un inquietante vacío de gestión jurídica.
Este inesperado cambio se ha producido cuando en las diversas dependencias del Ministerio Público y del Poder Judicial de la provincia del Santa, existen más de 250 casos de funcionarios públicos acusados de corrupción, cuyos procesos se encuentran pendientes de solución, incluso desde hace más de diez años.
Como si la lucha anticorrupción fuese desde ya una batalla perdida, tanto en las fiscalías como en los juzgados del distrito judicial del Santa, existen innumerables denuncias, con legajos abultados que llevan muchos años empolvándose y apolillándose; todos ellos a la espera de que ocurra el milagro de la prescripción o el archivamiento.
Entre ellos destaca el gran escándalo sucedido con el canal San Bartolo de Santa, que ya tiene más de doce años estancado en el Ministerio Público. Con más de cincuenta implicados, encabezados por los ex titulares del gobierno regional de Ancash César Álvarez Aguilar y Juan Carlos Morillo Ulloa, esta obra fue licitada en 17 millones de soles pero al final se pagó 37 millones por ella a pesar de haber quedado inconclusa.
Un escándalo más reciente, destapado en julio del presente año, corresponde al sonado caso Krausen que compromete al proyecto especial Chinecas y es una obra de mantenimiento valorizada en más de 5 millones de soles. Hasta donde se ha podido establecer, la obra ha sido adjudicada irregularmente a una empresa que carece de experiencia y que está ejecutando un trabajo deficiente. Y no solo eso. A cambio de aprobar el pago por los avances de obra, el ex gerente de Chinecas Camilo Carranza Lecca exigió a la empresa contratista el pago de una coima, siendo capturado por la policía en el momento en que recibía un adelanto de 2 mil soles.
Si estas cosas, por mayúsculas o minúsculas que sean se dejan pasar como sucede hasta hoy, quiere decir que la lucha contra la corrupción -en cuya primera línea se encuentran los procuradores del estado- no es más que pura letra muerta, palabras que se las lleva el viento.
Para el común de la gente, la lucha anticorrupción que se lleva a cabo en el distrito judicial del Santa, en nada se diferencia al enfrentamiento entre David y Goliat. Mientras por un lado existe el mandato legal de imponer orden y justicia, por otro se impone la fuerza bruta de aquellos que precisamente tergiversan la ley para ponerse a salvo de la justicia. No son pocos los funcionarios públicos procesados que se valen de esta argucia para dilatar los procesos en su contra y -cueste lo que cueste- lograr que éstos terminen cayéndose o archivándose. ¿Es la lucha anticorrupción otra batalla perdida?