Opinión

El veto a los cristianos en el debate sobre la unión civil

Por: Fernando zambrano Ortiz

Analista Político

La cuestión de la unión civil en Perú ha suscitado intensos debates, especialmente considerando que un abrumador 96% de la población se identifica como creyente, y un notable 93.8% profesa alguna religión cristiana. Entre estos, el 76% son católicos, lo que convierte al cristianismo en la fe más extendida del país. Esta realidad refleja que la fe cristiana no solo es un aspecto espiritual, sino que también forma parte integral de nuestra identidad nacional.

Desde una perspectiva cristiana, el matrimonio se entiende como una unión sagrada y sacramental entre un hombre y una mujer, fundamentada en enseñanzas bíblicas y en la tradición de la Iglesia. En este contexto, resulta preocupante que un pequeño porcentaje de no creyentes pretenda tener el monopolio del discurso sobre la unión civil, impulsando una figura inconstitucional y contraria a las creencias cristianas. Esta propuesta busca crear una alternativa al matrimonio civil que, en esencia, desnaturaliza y socava las bases del matrimonio, tanto en la ley cristiana como en la ley civil.

La Biblia establece en Génesis 2:24 que “el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. Esta declaración no solo resalta la unión física heterosexual entre los cónyuges, sino que también subraya su dimensión espiritual y el compromiso mutuo ante Dios. En este sentido, el matrimonio es visto como un pilar fundamental para la formación de hogares estables y amorosos.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 5, define el matrimonio como la unión de un varón y una mujer, subrayando que esta unión debe ser libre de impedimentos matrimoniales. Esta disposición también enfatiza la naturaleza heterosexual del matrimonio y su papel crucial en la estructura familiar. Complementariamente, el artículo 234 del Código Civil describe el matrimonio como una unión voluntaria entre un hombre y una mujer legalmente aptos para vivir juntos. Así, tanto la Constitución como el Código Civil consideran al matrimonio como una institución esencial para la sociedad, caracterizada por la monogamia, la heterosexualidad y la procreación.

Sin embargo, la propuesta de unión civil parece buscar establecer una figura paralela al matrimonio. No regula estrictamente aspectos patrimoniales o de sanidad para parejas homosexuales, sino que incorpora características propias del matrimonio. Si el objetivo fuera únicamente resolver cuestiones patrimoniales, nuestra legislación ya ofrece múltiples mecanismos legales para abordar estos temas sin necesidad de crear una nueva e inconstitucional figura matrimonial.

En conclusión, es fundamental que quienes profesan la fe cristiana tengan voz en este debate sobre la unión civil y no ser vetados en la discusión. La defensa del concepto tradicional de matrimonio no solo es un asunto de creencias religiosas, sino también una cuestión de identidad cultural y social para millones de peruanos. La discusión debe centrarse en cómo se pueden respetar las creencias religiosas mientras se abordan las necesidades legales de todas las personas sin desvirtuar las instituciones fundamentales que sostienen nuestra sociedad.

Quienes abogan por la unión civil entre personas del mismo sexo deben comprender que, por un lado, el respeto —sin distinción de ninguna naturaleza— es un principio fundamental tanto de la ley cristiana como de la ley humana. Sin embargo, por otro lado, es inaceptable utilizar este principio para socavar las instituciones fundamentales de nuestra sociedad. Es crucial reconocer que nadie tiene derecho a veto en la discusión de un tema tan trascendental como el matrimonio y la familia.