Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El Congreso de la República se encuentra en el umbral de una segunda votación sobre una ley que propone la supresión de los movimientos regionales como organizaciones políticas. Este intento legislativo, que ya fracasó en una primera ocasión al no alcanzar los votos necesarios, busca consolidar el sistema de partidos políticos en el Perú y eliminar un factor que ha distorsionado la voluntad popular durante años.
La Realidad de los Movimientos Regionales
En los últimos años, hemos sido testigos de un crecimiento exponencial de los movimientos regionales, que han proliferado sin un ideario claro ni una verdadera base ideológica. Más de cien de estas organizaciones han mercantilizado el sistema electoral, convirtiéndose en franquicias políticas que se ofrecen al mejor postor cada cinco años. Quienes residen en las regiones del interior del país conocen bien esta dinámica: los movimientos regionales se convierten en herramientas para aspirantes a cargos de elección popular que buscan obtener poder a través de alianzas con partidos nacionales, muchas veces a cambio de beneficios económicos o electorales.
Este fenómeno ha llevado a que, en cada proceso electoral, los ciudadanos no se pregunten quién ganará las elecciones, sino a quién apoyará el gobernador regional o el alcalde. La presión ejercida por estos gobiernos regionales es palpable; tras alcanzar acuerdos políticos o comerciales, emiten directivas que obligan a sus oficinas y a organizaciones sociales dependientes del gobierno a votar por determinados candidatos bajo la amenaza de despido o represalias.
Una Tolerancia Inaceptable
Durante años, estas prácticas ilícitas han sido toleradas y aceptadas por gran parte del sistema político y judicial. Lo que debería ser un acto ilegal que altera la voluntad popular se ha convertido en un comportamiento comúnmente aceptado. Esta normalización de la corrupción y la manipulación electoral no solo socava la democracia, sino que también perpetúa un ciclo vicioso en el que la ciudadanía pierde la fe en sus instituciones.
La supresión de los movimientos regionales como actores políticos es una medida necesaria para acabar con este mecanismo de extorsión y corrupción. A pesar de que actualmente existen más partidos políticos de los que realmente necesita el país, esta situación se resolverá tras las elecciones de 2026 y mediante las elecciones primarias y la implementación de una valla electoral adecuada. La desaparición o conversión de movimientos regionales en partidos políticos nacionales permitirá una representación más coherente y responsable.
Un Llamado a la Reflexión
Sin embargo, es fundamental abordar este tema con cautela. La eliminación de los movimientos regionales no debe ser vista como un ataque a la diversidad política, sino como un intento por fortalecer el sistema democrático. Los partidos políticos deben asumir su responsabilidad y trabajar para acercarse a las realidades locales, ofreciendo alternativas viables y representativas para todos los ciudadanos.
Entretanto, el Congreso debería enfocarse en mejorar el desempeño de los partidos políticos existentes y fomentar una mayor inclusión en el proceso electoral. Esto podría incluir incentivos para que los partidos se organicen y movilicen efectivamente en todas las regiones del país.
Conclusión
La supresión de los movimientos regionales es una oportunidad para redefinir el panorama político peruano y erradicar prácticas corruptas que han socavado la democracia. Es tiempo de decir adiós a los caciques que han manipulado el sistema electoral en beneficio propio. Solo a través de un sistema político consolidado y responsable podremos garantizar una representación genuina y efectiva para todos los peruanos. La lucha por un Perú más justo comienza con decisiones valientes y coherentes desde nuestras instituciones democráticas.