Admitieron queja de derecho:
El recurso de queja de los denunciantes Blanca Silva Baca y Oswaldo Faustino Villanueva, que se interpuso contra el archivamiento de la investigación preparatoria contra Javier Ulloa Siccha, Rogelio Castañeda y Javier Martínez fue admitido y, de esta manera, esa investigación se realizará en una instancia superior del Ministerio Publico.
Según el abogado, Dennis Emerson Montoro García, esa disposición fiscal de archivamiento no había valorado los hechos denunciados, pues se ha vulnerado el estatuto de la Universidad San Pedro, no cumplieron con el procedimiento establecido para llevar a cabo las elecciones y eso ha desencadenado que se cometa el delito de fraude a la administración de personas jurídicas.
Asimismo, manifestó el letrado que, en este caso, al no estar reconocidos los directivos, por SUNARP y SUNEDU, no corresponde que ocupen esos puestos, pese a ello, se otorga un poder dirigido al rector y vicerrectores sin estar reconocidos.
Los denunciados han tratado de sorprenden en cuatro oportunidades a SUNARP al intentar inscribir el comité electoral con documentos in completos que hasta la fecha no logran regularizar por falta de firmar e información falsa respecto al quorum, puesto que la constancia de quórum referente a la Asamblea Universitaria de fecha 28 de diciembre del 2023, indica que han participado 26 personas, sin embargo, en el acta, se aprecia 27 miembros.
Del mismo modo, Montoro García indica que, ese actuar de los denunciados ha conllevado que se induzca en error a la analista de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, toda vez que procedió con la inscripción del registro de datos de autoridades (denunciados), en la cual se reconoce como Rector y Vicerrectores sin encontrarse inscritos en SUNARP.
Agrega el abogado que, al ocupar los denunciados dichos cargos, es decir, rector y vicerrectores, obtienen un beneficio propio de los ingresos pertenecientes a la Universidad San Pedro al obtener remuneraciones aproximadas de 20 mil para el cargo del rector y 12 mil soles para el cargo de vicerrector; sueldo que no le corresponde porque no están reconocidos por SUNARP y SUNEDU.
Asimismo, Ulloa Siccha tiene la obligación de remitir a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de gestión del rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. Hasta la fecha no ha regularizado el reporte de cuentas correspondiente al periodo 01 de mayo del 2023 al 23 de setiembre del 2024, dejando en evidencia que las funciones que desempeña no se encuentran en regla y no es transparente.
En el recurso presentado por Montoro García indica que la Fiscalía está eludiendo sus funciones, de acuerdo al numeral 2 del artículo 4 del título preliminar del nuevo código procesal penal, dado que no actuó con objetividad y no abordó hechos que se han denunciado como el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que son determinantes para proceder con la formalización de la investigación correspondiente.
Con la admisión a trámite de esta queja, esta denuncia será evaluada por un Fiscal Superior. Al respecto, Blanca Silva dijo a este Diario que esas denuncias que ellos han realizado desde el mes de mayo no están archivadas como pretende hacer creer Ulloa Siccha, seguiremos hasta el final, enfatizó.