- Los efectivos policiales no podrán ser detenidos por hacer uso de sus armas de fuego en caso termine con la muerte o lesión de otra persona.
El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la ley que deja impune a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, en caso usen su arma de fuego, termine con una lesión y/o muerte de otra persona. La resolución publicada en el diario El Peruano, detalla que un fiscal y juez no podrán solicitar o dictar detención preliminar y prisión preventiva en contra del agente policial.
La normativa que lleva las rúbricas de la mandataria Dina Boluarte, el titular del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta Patricia Juarez, tiene como fin “garantizar el principio de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”.
Además, se promulgó la ley Nº 32182 que modifica la ley de Carrera Fiscal y la Carrera Judicial y establece como “falta grave” detener o liberar a personas que son detenidas en flagrancia delictiva por algún miembro de la policía o ciudadano. De igual manera, la ley tipifica como falta grave si un fiscal no solicita la detención preventiva de una persona detenida o si omite pruebas para que el juez no declare fundado el pedido.
La presente ley entrará en vigencia en todo el país a partir de las 00:00 horas del día siguiente; es decir, regirá a partir de mañana jueves 12 de diciembre.
“Se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que, en el ejercicio de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y, como consecuencia de ello, acontece alguna lesión o muerte, quedando prohibidos el fiscal y el juez de solicitar y de dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva, respectivamente, bajo responsabilidad funcional”, se lee en la resolución.
Ley sanciona a jueces y fiscales por filtrar información
Desde mañana 12 de diciembre, entrará en vigencia la ley que sancionará a fiscales que faciliten o proporcionen información de las investigaciones de una persona involucrada en algún presunto delito. Esta normativa tiene el fin de “optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad organizada”.
“Facilitar o proporcionar información reservada que, por su condición o cargo de fiscal, conoce”, se lee en la resolución publicada en El Peruano. (La República)