Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La próxima culminación de la legislatura en el Congreso del Perú marcará un punto de inflexión significativo en la relación entre el poder legislativo y el Ejecutivo. La censura de un ministro es un claro indicativo de que el Congreso comienza a tomar distancia del gobierno de Dina Boluarte, un fenómeno que se intensifica en un contexto de ausentismo y populismo preelectoral, donde muchos congresistas parecen más enfocados en sus campañas de reelección que en su deber legislativo.
La censura a un ministro refleja no solo la falta de confianza en el Ejecutivo, sino también una creciente autonomía del Congreso. Este acto es emblemático de un Legislativo que busca reafirmar su rol como contrapeso al poder ejecutivo. Sin embargo, este distanciamiento también puede interpretarse como un signo de inestabilidad política, donde las decisiones se ven influenciadas por intereses partidarios y no necesariamente por el bienestar del país.
La salida a esta situación por parte del Gobierno es evidente: es urgente un cambio en el Gabinete que brinde un nuevo impulso y oxígeno a la administración en los meses que quedan antes de la convocatoria a elecciones. Este refresco no solo podría revitalizar la gestión gubernamental, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía y el Congreso en un contexto político marcado por la incertidumbre y el desencanto. Además, este cambio podría ser visto como un intento del Gobierno por escuchar las demandas del Congreso y la población, y adaptarse a un entorno en constante evolución.
A medida que se acercan las elecciones de 2026, el ausentismo se vuelve más evidente. Los congresistas, inmersos en sus campañas de reelección, parecen priorizar sus intereses individuales sobre los compromisos legislativos. Este comportamiento no solo afecta la calidad del debate político, sino que también contribuye a una percepción pública negativa sobre la eficacia del Congreso, exacerbando el desencanto ciudadano hacia las instituciones.
El empoderamiento de las bancadas se traduce en una activación de mecanismos de control político que empiezan a debilitar la relación con el gobierno. La creciente desconfianza hacia Dina Boluarte es palpable, y las iniciativas legislativas sensibles, como los proyectos relacionados con la Zona Económica Especial (ZEE) Chancay y la regulación minera, están en el centro del debate. La aprobación o rechazo de estos proyectos podría tener repercusiones significativas para sectores clave como la energía y la agricultura, que ya enfrentan riesgos regulatorios.
Con un 18% de proyectos sensibles para la industria esperando ser discutidos en el pleno, la situación es crítica. Las decisiones que se tomen en este periodo tendrán un impacto duradero en el clima empresarial y en la inversión extranjera. La ampliación del plazo para el proceso de formalización minera es solo una muestra del desafío regulatorio al que se enfrentan estos sectores.
De cara a las elecciones de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anticipa una avalancha de precandidatos, con más de 30,750 postulantes esperados. Esta situación plantea interrogantes sobre qué partidos políticos lograrán superar la valla electoral y obtener representación parlamentaria. Además, las encuestas revelan una creciente incertidumbre respecto a la intención de voto para la presidencia.
La confianza empresarial para 2025 se ve empañada por factores como delincuencia y crecimiento moderado del PBI. Las expectativas son más optimistas en términos de ingresos y planillas para las empresas; sin embargo, el clima político inestable podría generar mayores riesgos regulatorios.
El panorama político peruano es complejo y estará marcado por tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo. A medida que nos acercamos a las elecciones, será crucial observar cómo estas dinámicas influirán en la gobernabilidad del país. La capacidad del Congreso para actuar como un verdadero contrapeso al poder ejecutivo será determinante para restaurar la confianza pública en las instituciones democráticas.