Dictan 20, 14 y 8 años de cárcel:
- Suboficiales PNP William Segundo Méndez Suero y James Yampier Chávez Sánchez fueron condenados a 14 años de cárcel por robo a tienda KALLKA.
- Cómplice Richard Anderson Torres Sánchez, quien ya había cumplido una condena previa por tenencia ilegal de armas, fue condenado a 20 años de prisión efectiva.
El Juzgado Penal Supraprovincial de la Corte del Santa condenó a dos efectivos policiales y tres cómplices por el robo agravado a la tienda de equipos tecnológicos Kallka, ubicada en la avenida Pardo de Chimbote.
Entre los condenados se encuentran los suboficiales PNP William Segundo Méndez Suero y James Yampier Chávez Sánchez, quienes recibieron 14 años de pena privativa de libertad efectiva por su participación como coautores del delito. Según la Fiscalía, facilitaron el arma empleada en el atraco y brindaron información sobre el patrullaje en la zona.
Asimismo, Richard Anderson Torres Sánchez, quien ya había cumplido una condena previa por tenencia ilegal de armas, fue condenado a 20 años de prisión efectiva. Se determinó que ingresó a la tienda junto con Javier Enrique Díaz Alegre (25), quien en un proceso de conclusión anticipada recibió una sentencia de 8 años de cárcel.
El quinto implicado, Jamill Josué Arqueros Paz, fue condenado a 8 años de prisión, aunque la ejecución de su pena quedó suspendida debido a su confesión sincera. Se comprobó que proporcionó refugio y medios para ocultar los equipos robados antes de venderlos.
LOS HECHOS
El robo ocurrió el 23 de septiembre de 2021, cuando Torres Sánchez y Díaz Alegre ingresaron a la tienda Kallka y, amenazando a los trabajadores con un arma de fuego, sustrajeron cerca de 40 equipos, entre celulares, tablets y consolas de videojuegos, valorizados en más de 80 mil soles.
Según las investigaciones, los policías condenados habrían actuado como cómplices, proporcionando el arma y asegurándose de que no hubiera patrullajes cerca del lugar.
El tribunal también fijó una reparación civil de S/21,431 a favor de la empresa afectada y de S/1,995 para el trabajador afectado.
Esta sentencia marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.