Basta de burlas:
Tal como hemos dado a conocer en nuestra edición de ayer, a tres años y medio de haberse iniciado la construcción del hospital El Progreso, esta obra esperada más de 40 años por la población de Chimbote, registra hasta este momento un avance insignificante de tan solo el 28.55%, algo que en lugar de aceptarse como un avance, más bien representa un retroceso.
En el mismo informe de fecha 13 de diciembre, el cual ha sido publicado por el ministerio de Salud, se lee que el hospital de Huarmey registra el 82.22% en tanto que la construcción del hospital de Huari tiene un avance del 65.15, muy lejos de los alcanzado por el hospital El Progreso. Creemos por eso que la diferencia no solo es numérica sino más bien de calidad de gestión y responsabilidad social.
Mientras que la construcción del hospital El Progreso tiene como unidad ejecutora al Programa Nacional de de Infraestructura de Salud, PRONIS, -un organismo adscrito al Ministerio de Salud- la construcción de los hospitales de Huarmey y Huari se viene ejecutando bajo la modalidad de obra por impuesto, siendo la unidad ejecutora la empresa minera Antamina. Lo que confirma que el estado no solo es un mal gestor sino también un pésimo gestor.
Desde su inicio en julio del 2021, la construcción del hospital El Progreso se ha visto envuelto en una retahíla de falsedades y burlas de todo calibre, que han acabado con la pérdida de confianza por el lado de la población. La primera de estas falsedasdes se produjo cuando los directivos del Colegio Médico de Ancash denunciaron que la obra llevaba más de seis meses paralizada, pero en el más absoluto silencio; ello debido a que el expediente técnico no había considerado la instalación de aisladores sísmicos, un verdadero pecado capital en términos de infraestructura hospitalaria, con mucha mayor razón si tenemos en consideración que la ciudad Chimbote está ubicada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Pero luego que las circunstancias obligaron al PRONIS a tener que resolver el contrato con el primer contratista, y luego de otorgarse la obra a un segundo postor, se descubrió una falsedad tan o más grave que la deficiencia anterior. Una de las empresas integrantes del nuevo consorcio presentó una carta de garantía por 33 millones de soles, expedida por una cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad de Sullana cuyo patrimonio económico era de tan solo 600 mil soles. ¿Cómo pudo PRONIS aceptar semejante exabrupto?.
Desde que ocurrieron estos incidentes, el nuevo contratista, Consorcio Progreso, optó por la política del avestruz. Cerró los portones de la obra y no permitió el ingreso de nadie. Sin embargo, cuando los dirigentes vecinales del pueblo joven El Progreso consiguieron una cita en la ciudad de Lima, grande y grotesca fue la burla de la que fueron objeto cuando comprobaron que la dirección del consorcio, era falsa.
Por si fuera poco, en los tres años y medio que la construcción viene avanzando a paso de tortuga, ninguno de los ministros de Salud que se han sucedido en el cargo, incluyendo a la congresista Kelly Portalatino, han puesto un solo pie en el terreno de la obra. PRONIS tampoco ha vuelto a ocuparse del asunto. Después de haberse iniciado con un presupuesto de 55 millones de soles, el mismo que se ha elevado ahora 105 millones, el avance de la construcción, de un insignificante 28.5%, dice mucho de la falta de seriedad y responsabilidad con la que se viene ejecutando esta obra.
Estamos ante una burla contra los intereses del Estado y contra el derecho a la salud de 80 mil pobladores que por más de veinte años se encuentran a la espera de este hospital. ¿No es esto motivo más que suficiente para el Estado ejerza su derecho de intervención y tome al toro por las astas?.