• La detención preliminar como herramienta de coacción
Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La detención preliminar y la prisión preventiva son dos medidas coercitivas utilizadas en el proceso penal, pero se aplican en diferentes etapas y bajo distintos supuestos. La detención preliminar se dicta durante la fase de investigación inicial, con el objetivo de asegurar la presencia del investigado mientras se realizan las indagaciones necesarias. En contraste, la prisión preventiva es una medida más severa que busca garantizar que el investigado asista a todas las diligencias judiciales y no obstaculice la investigación.
La detención preliminar es temporal y breve, basada en indicios de un delito y el riesgo de fuga, mientras que la prisión preventiva requiere pruebas más sólidas sobre la responsabilidad del investigado. Ambas medidas son herramientas importantes en el sistema penal, pero deben aplicarse con cautela y respeto a los derechos fundamentales del acusado, incluyendo la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lamentablemente, la detención preliminar ha sido utilizada por fiscales y jueces ideologizados como un poderoso instrumento de presión, extorsión y chantaje contra opositores políticos, empresarios, periodistas y cualquier persona que consideren una amenaza para sus intereses. Algunos investigados han denunciado amenazas de involucrar indebidamente a sus familiares si no hacían declaraciones falsas contra sus opositores.
El uso indebido de la detención preliminar ha vulnerado los derechos humanos de cientos de personas que incomodan a estos sectores. Se han montado investigaciones y aplicado detenciones sin ningún medio probatorio o indicio verosímil de delito, más allá de informes periodísticos sesgados o manipulados por ONGs.
Detrás de estas operaciones parece existir una organización criminal ideologizada que ha seguido un modus operandi durante más de una década. Desde ciertas fiscalías, se filtran informaciones sesgadas a ONGs o medios afines, que elaboran reportajes condenatorios induciendo a la audiencia a aceptar la culpabilidad del investigado. Una vez completada esta fase inicial, los medios contratan encuestas para validar sus especulaciones antes de que comiencen las detenciones preliminares y allanamientos. Estas acciones suelen ser comunicadas previamente a los medios para asegurar una cobertura que respalde el actuar indebido de las fiscalías.
Este modus operandi ha sido utilizado contra opositores políticos, empresarios no alineados con sus intereses y periodistas críticos. La detención preliminar se ha convertido en una “guadaña” con la que ONGs, fiscales y jueces ideologizados amenazan o eliminan a sus adversarios.
El Congreso intentó corregir este despropósito modificando la forma en que se aplica la detención preliminar; sin embargo, lo hizo de manera poco reflexionada. Este error fue aprovechado por operadores políticos y sus aliados para desatar una campaña contra dicha reforma, lo que llevó a un grupo temeroso de congresistas a aprobar su derogatoria. La ley derogatoria está actualmente en evaluación por el Poder Ejecutivo, quien podría promulgarla u observarla sugiriendo cambios necesarios.
Es un grave error del Congreso haber derogado la ley sobre detención preliminar ante el primer ataque mediático sin considerar una posible precisión a la norma aprobada. Los sectores denominados “caviares” se alimentan del temor que generan en políticos y opositores. Pensé que los congresistas habían comprendido la importancia de desmantelar el andamiaje tejido por estos sectores para controlar el sistema de justicia y utilizarlo como instrumento de extorsión.
Al parecer, no han entendido que han devuelto a esos malos fiscales y jueces una de las armas más letales contra los opositores políticos: una “guadaña” que seguramente utilizarán contra los actuales congresistas y demás políticos después de 2026.