Caso Centro de Salud CISEA Huarupampa:
Un nuevo caso de irregularidades en la administración pública ha salido a la luz, involucrando al Gobierno Regional de Áncash y el proyecto de reconstrucción del Centro de Salud CISEA Huarupampa I-3. El contrato, valorado en más de S/ 32 millones, terminó en abandono luego de que la empresa adjudicataria cobró S/ 9 millones sin cumplir con el avance previsto.
El informe de la Contraloría General de la República, identificado como N° 150-2024-2-5332-SCE, revela cómo los integrantes del comité de selección alteraron las ofertas económicas de los postores en la licitación. Este acto, que contradice las normas de transparencia y competencia justa, favoreció directamente al Consorcio Ejecutor Huarupampa.
Los funcionarios responsables de la manipulación han sido identificados como Fernando José Solis Maguiña, Moisés Toledo Torres y Jhohan Stéfany Villegas Morales. Según la investigación, estos funcionarios realizaron modificaciones aritméticas no permitidas en las propuestas económicas, lo que llevó a un ajuste indebido del monto ofertado por el consorcio ganador.
Esta práctica irregular configura un presunto delito de colusión agravada, sancionado por el Código Penal peruano. La Contraloría advierte que estas acciones comprometen los principios básicos que deben regir las contrataciones públicas, poniendo en riesgo los recursos del Estado.
Otro punto crítico en este caso es la falta de verificación posterior por parte de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales, liderada por Ana Huanachín Huayascachi.
La supervisión de la obra fue adjudicada a una empresa que presentó información inexacta sobre su experiencia y la de su personal técnico. El contrato de supervisión fue firmado por un monto superior a los S/ 900,000.
La falta de control y las irregularidades detectadas obligaron a la Contraloría a solicitar a la Procuraduría Pública la presentación de denuncias penales contra los funcionarios involucrados. Los delitos en cuestión incluyen colusión y negociación incompatible, además de posibles sanciones administrativas que podrían llevar a la inhabilitación de los responsables.
Este caso refleja un patrón preocupante en la gestión de obras públicas y pone de manifiesto la necesidad de implementar medidas más rigurosas para garantizar la correcta ejecución de los proyectos financiados por el Estado. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar que situaciones como la del CISEA Huarupampa se repitan en el futuro.