Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Con la convocatoria a las elecciones generales de 2026 a la vuelta de la esquina, las recientes acciones de fiscalización iniciadas por los órganos electorales y filtradas a la prensa han puesto de manifiesto la necesidad de observar con atención el comportamiento de sus autoridades. Estas acciones, dirigidas principalmente contra los principales partidos políticos y sus líderes, generan un ambiente de desconfianza que merece un análisis profundo.
No podemos ignorar las denuncias que apuntan al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo la dirección de Salas Arenas, y a la ONPE, liderada por Gino Corvetto. Ambos han sido acusados de colaborar con la Fiscalía para evitar que Keiko Fujimori accediera a la presidencia, así como para silenciar las numerosas denuncias sobre fraude electoral. Este entramado plantea serias dudas sobre la independencia y transparencia del proceso electoral peruano.
La reciente denuncia constitucional de la Fiscalía contra un exmiembro del JNE, quien se negó a participar en acciones que buscaban ocultar irregularidades en las elecciones de 2021, resalta un patrón preocupante. La situación actual sugiere una clara intimidación hacia aquellos que se resisten a ceder ante los poderes fácticos que operan desde la Fiscalía y ciertas ONG. Es alarmante observar cómo la Fiscalía parece estar más involucrada en la política que muchos partidos políticos, incluso antes del inicio oficial de la campaña electoral.
Este uso político de la Fiscalía no es un fenómeno nuevo. Casos emblemáticos como los de Keiko Fujimori y Alan García ilustran cómo las instituciones judiciales han sido utilizadas como herramientas para perseguir políticamente a opositores. Fujimori ha enfrentado múltiples acusaciones y detenciones preventivas, mientras que García vivió bajo una constante amenaza judicial hasta su trágico desenlace en 2019. En contraste, los presuntos delitos imputados a políticos de izquierda rara vez generan una respuesta similar por parte del sistema judicial, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad.
La inquietud crece al pensar en lo que sucederá cuando los candidatos democráticos comiencen sus campañas. ¿Serán más frecuentes las detenciones preliminares y preventivas? La historia reciente sugiere que sí. La Fiscalía ha utilizado durante años mecanismos como la detención preventiva como herramientas de presión para obtener declaraciones cuestionables. Además, el uso del crimen organizado y el lavado de activos como medios de intimidación hacia opositores políticos indebidamente investigados y sus familias es cada vez más evidente.
Es fundamental que la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) asuma un papel proactivo en la administración de justicia. Debe trabajar para eliminar a los operadores políticos enquistados en el sistema y exponer a aquellos que manipulan el proceso judicial desde fuera. La integridad del sistema electoral y la justicia en Perú dependen de ello.
En este contexto, es esencial que los ciudadanos permanezcan alertas y demanden transparencia y justicia, no solo durante las elecciones, sino en todo momento. La democracia se fortalece con instituciones sólidas y responsables, capaces de resistir las presiones externas y garantizar un proceso electoral justo y transparente. La fiscalización debe ser un mecanismo al servicio de la democracia, no una herramienta para perpetuar el poder o silenciar voces disidentes.