Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Desde que en 2017 el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación sobre los presuntos aportes ilegales de campaña a Fuerza Popular, su enfoque se ha ampliado para incluir contribuciones de 2011 y 2016. Sin embargo, es evidente que en esos años los hechos en cuestión no eran considerados delitos penales, sino infracciones administrativas.
La falta de criterio y la intencionalidad política del fiscal se hicieron evidentes cuando intentó vincular el caso con lavado de activos y, de manera poco creíble, con organización criminal, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la doctrina y la legislación vigente.
Jueces que carecían de un sólido criterio procesal penal, pero que parecían tener un fuerte sesgo político, accedieron a solicitudes de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en tres ocasiones. Esto ocurrió tras permitir discursos políticos del fiscal y acusaciones débiles basadas en informes de ONGs o artículos periodísticos, lo que representa una clara violación de derechos humanos y una transgresión a nuestro marco legal.
En marzo de 2021, apenas dos meses antes de las elecciones generales, Pérez concluyó las investigaciones solicitando una pena de 30 años y 10 meses contra Fujimori por lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración. Su decisión muestra una evidente intencionalidad política, impedir que la candidata Keiko Fujimori llegará a la presidencia.
Era tan débil e incongruente la acusación fiscal presentada, que el juez le devolvió la acusación hasta en 19 ocasiones para que subsanara deficiencias en su argumentación. Es crucial señalar que las correcciones solo proceden cuando se trata de cuestiones de forma y no cuestiones de fondo, como las que copiosamente contenía la acusación. Es decir, en el caso el juez no debió requerir subsanación de la acusación, sino decretar su improcedencia.
Tras la resolución del Tribunal Constitucional que invalidó el juicio oral, llegó el momento de archivar el voluminoso expediente, que vacío de pruebas que acrediten conductas delictivas, asemeja a un libreto actoral, cuyos diálogos y montaje en la escena mediática estaban a cargo de Pérez.
Cada día se hace más evidente que los fiscales involucrados actuaban políticamente bajo órdenes de sectores “caviares”, emitidas a través de ONGs, que colaboraron con los fiscales Pérez y Vela para perseguir políticamente a candidatos como Keiko Fujimori e impedir su elección. Este patrón se repitió con Alan García Pérez, quien fue llevado al límite hasta su trágica muerte.
La politización del caso quedó en evidencia cuando Martin Vizcarra adelantó su retorno al país luego de que el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry retirara a José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, debido a que ambos fiscales estaban haciendo una “sobreexposición” de sus casos, lo que podría comprometer la objetividad de la Fiscalía. También mencionó que la información reservada estaba siendo filtrada a los medios de comunicación, lo que ponía en riesgo la reserva de las investigaciones.
José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y los jueces Zúñiga y Carhuancho no solo merecen el desprecio popular; también deben ser procesados y condenados, siguiendo el destino de sus homólogos en otros países que utilizaron tácticas similares y terminaron procesados. Los fiscales supremos que supuestamente colaboraron con esta organización criminal deben enfrentar un destino similar. Las denuncias contra estos miembros permanecen olvidadas en el despacho del fiscal supremo Alcides Chinchay, cuya inacción debe ser severamente sancionada.
Es imperativo que la renovada Junta Nacional de Justicia actúe dentro de sus atribuciones para sancionar y destituir a estos magistrados. Asimismo, es hora de que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público cumplan con sus funciones; hasta ahora no han mostrado señales claras de hacerlo, lo que sugiere complicidad o encubrimiento.
Es momento de poner fin a esta organización criminal que ha instaurado la persecución política en nuestro país, y acabar con la indebida persecución política contra Keiko Fujimori y decenas de personas, decretando el archivamiento definitivo del caso.