La violencia en la región La Libertad que derivó en la implementación de un estado de emergencia, a estas alturas resulta insostenible, después que estalló el artefacto explosivo, en las afueras del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo y que ha corroborado que no existe prevención alguna por parte del actual gobierno.
El estado de emergencia decretado en la región no ha surtido efecto y por lo tanto es un reflejo de una situación insostenible que ha llegado a un punto crítico con la reciente explosión de una caja con dinamita. Este hecho no solo ha causado pánico entre los ciudadanos, sino que también ha puesto en evidencia la falta de medidas preventivas y la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad pública.
La inseguridad, alimentada por el accionar de bandas criminales, extorsionadores y el comercio ilícito, ha transformado la vida cotidiana de los trujillanos en un constante ejercicio de supervivencia. Los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones, y el miedo ha sustituido a la tranquilidad.
El incidente de la dinamita es solo el último de una serie de eventos que evidencian la fragilidad del sistema de seguridad. Los daños materiales son significativos. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva de las autoridades, la sensación de abandono crece, alimentando la desesperación y el caos.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es la evidente falta de medidas preventivas. La violencia y los actos delictivos no surgen de la nada; son el resultado de un contexto social y económico que se ha deteriorado sin intervención oportuna. Hace más de una década campea la delincuencia y ahora se ha acentuado mucho más con el crecimiento de la minería ilegal.
Las fuerzas del orden público están desbordados o, en el peor de los casos, infiltrados por intereses corruptos. Las denuncias ciudadanas a menudo no son atendidas, y las medidas adoptadas hasta ahora han sido reactivas en lugar de proactivas. Este enfoque no solo es ineficiente, sino también contraproducente, ya que permite que los problemas se agraven hasta alcanzar niveles insostenibles.
Así mismo el sistema jurisdiccional y el ministerio publico mucho menos han cumplido su labor y por esa razón el crecimiento de esta delincuencia que ha copado de manera increíble la referida ciudad norteña.
El gobierno local, regional y nacional tiene la obligación moral y legal de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La declaración del estado de emergencia debe ir acompañada de un plan de acción claro, transparente y efectivo. Se estima que en las primeras medidas es la intervención de las fuerzas armadas y la PNP para el control de la ciudad. Si las medidas son las efectivas, solo el tiempo nos lo dirá.
Es crucial que las autoridades trabajen en conjunto con la sociedad civil para reconstruir la confianza y generar soluciones sostenibles. La participación ciudadana, el fortalecimiento de las instituciones y la coordinación interinstitucional son elementos clave para superar esta crisis.
Asimismo, esperamos que las autoridades actúen con firmeza, responsabilidad y transparencia. La violencia no se resuelve con más violencia, sino con un enfoque integral que ataque las causas raíces del problema.