La reciente denuncia sobre la venta de anchoveta peruana a empresarios ecuatorianos, quienes la transforman en harina de pescado en su país, pone en evidencia una política pesquera que debe ser revisada con urgencia. Mientras Ecuador aprovecha este valioso recurso hidrobiológico, en Perú las plantas de harina de pescado residual permanecen cerradas debido a una prohibición impuesta en 2014, lo que no solo genera pérdida de empleo y tributos, sino que también limita la capacidad del país para aprovechar plenamente su propia riqueza marina.
La industria pesquera peruana es una de las más importantes del mundo y ha demostrado ser importante para la economía nacional. Sin embargo, decisiones regulatorias como la prohibición de las plantas de harina residual han tenido efectos negativos en el sector. Lo que pudo haber sido una oportunidad para industrializar localmente la anchoveta y generar mayor valor agregado en el país se ha convertido en un negocio aprovechado por otro país.
Los pescadores y armadores de menor escala han sido los primeros en advertir sobre este problema. La falta de acceso a la transformación de la anchoveta en harina en territorio peruano no solo afecta a los inversionistas nacionales, sino que también reduce el impacto positivo que esta actividad podría tener en el empleo y en la contribución al Producto Bruto Interno. Las plantas que en su momento recibieron autorizaciones tras rigurosos estudios de impacto ambiental ahora se encuentran inactivas, dejando de lado una infraestructura que podría haber beneficiado a miles de peruanos.
Es positivo que el Ministerio de la Producción, a través de su Director General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, Ricardo Herboso Colque, haya mostrado disposición para analizar el problema. Sin embargo, se requiere una acción más decidida y pronta. Es necesario evaluar el marco legal vigente y plantear modificaciones que permitan reactivar las plantas de harina residual bajo estrictos controles ambientales y sanitarios.
No puede permitirse perder competitividad en un sector en el que históricamente ha sido líder. La solución no pasa por impedir la venta de anchoveta al extranjero, sino por garantizar que la industria nacional tenga las condiciones necesarias para procesarla de manera eficiente dentro del país. La generación de empleo, el aumento de la recaudación tributaria y el fortalecimiento del sector pesquero dependen de decisiones estratégicas bien fundamentadas. Es momento de que el Estado peruano rectifique y permita que la industria pesquera del país beneficie, en primer lugar, a los propios peruanos.