No es la primera vez que el restaurante Las Flores, de propiedad del exregidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Carlos Lynch Rojas, enfrenta el corte de sus servicios de agua y desagüe por parte de Sedachimbote. En febrero de 2022, el mismo establecimiento fue protagonista de un incidente similar. Han transcurrido casi tres años, y la historia se repite, evidenciando una gestión deficiente del problema tanto por parte del infractor como de la empresa prestadora del servicio.
El restaurante Las Flores no es un negocio cualquiera. Ubicado en el corazón de Chimbote, a escasos metros de la Plaza de Armas, la Municipalidad Provincial del Santa y la Jefatura de la Policía Nacional del Perú, su propietario goza de una constante exposición mediática, especialmente en tiempos preelectorales. Sin embargo, esta situación privilegiada no lo exime de cumplir con sus obligaciones, ni justifica la prolongada tolerancia de Sedachimbote ante la morosidad.
Según la versión de Sedachimbote, el corte reciente del servicio responde a una deuda acumulada y al incumplimiento de un convenio de pago. Mientras la empresa sostiene que la deuda asciende a 18 mil soles, el abogado y apoderado de Lynch Rojas la sitúa en 105 mil soles, una discrepancia que genera más dudas que certezas. A pesar de que los infractores no cuestionan la existencia de la deuda, sí cuestionan los procedimientos que llevaron al corte del servicio.
Pero la interrogante clave persiste: ¿Cómo es posible que, después de tres años, el problema siga sin resolverse? ¿Por qué razones se permitió que la situación llegara nuevamente a este extremo? ¿Acaso Sedachimbote no cuenta con mecanismos efectivos para hacer cumplir los compromisos de pago?
Es importante recordar que en 2022 el corte se realizó debido a una conexión clandestina, lo que constituía un claro delito tipificado en el artículo 186° del Código Penal. Este señala que el hurto agravado mediante conexión ilegal no es una falta leve, sino un delito sancionable con penas privativas de libertad de entre cuatro y ocho años. Sin embargo, en aquel entonces, no hubo ninguna sanción real. Ahora, la situación es distinta: existía un convenio formal que el propietario incumplió, lo que evidencia un problema de irresponsabilidad financiera.
Sedachimbote debe aplicar sanciones con mayor rigor y actuar con mayor celeridad en la resolución de estos casos. No se puede permitir que un establecimiento comercial que depende de los servicios de agua y desagüe opere sin pagar sus obligaciones por casi tres años. La falta de acción oportuna solo contribuye a que los infractores busquen argumentos insostenibles para evadir responsabilidades.
Este caso es un reflejo de una problemática mayor: la falta de fiscalización efectiva y la permisividad con los infractores. Si las autoridades no aplican las sanciones correspondientes, seguiremos siendo testigos de este tipo de incidentes, donde el incumplimiento de las normas se normaliza y la impunidad prevalece.
Es momento de que Sedachimbote actúe con la firmeza que la situación demanda y evite que este tipo de historias se sigan repitiendo en perjuicio de la gestión del servicio público y del respeto por el cumplimiento de la ley.