POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA.
Alzó la voz. Firme y categórica, al borde la indignación. Con apenas poco más de treinta días en el cargo, el pasado 4 de los corrientes, Janet Tello declaró que la mandataria está mal asesorada ante los cuestionamientos sobre el actuar de la administración de justicia. Fue precisamente el día anterior, en un evento público, cuando Dina Boluarte, ofuscada por las varias denuncias interpuestas en su contra, hizo un símil con la situación jurídica de la exalcaldesa Susana Villarán, quien a pesar de haber reconocido que recibió sobornos de la corrupta Odebrecht, está libre y jamás le rompieron la puerta de su casa, agregando que “esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República, y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero”.
Tres días después, en plena ceremonia del bicentenario de la instalación de la Corte Suprema, Boluarte Zegarra, en evidente ánimo de bajarle el tono tensionado, hizo un llamado a la unidad nacional, enfatizando en el respeto a la separación de poderes. En correspondencia, la Titular del Poder Judicial indicó que “es fundamental que los políticos honestos y honrados no busquen judicializar la política, así como que los magistrados comprometidos con la justicia no permitan que se politice el Poder Judicial”. Hasta aquí, podríamos aplicar esta coloquial frase “felices los 4”. Pero no, vayamos un poco más.
La relación política entre el Ejecutivo-Legislativo-Judicial a lo largo de los años ha sido en sendas ocasiones tensa. Algunos gobiernos lograron llevarse mejor que otros con estos organismos constitucionalmente autónomos, aunque debemos precisar que la tarea fundamental, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, es la de perseguir el delito y sancionar a los responsables. La repetitiva expresión “caiga quien caiga”. O, en términos caseros, no se casan con nadie. Por ello, es válido afirmar que estas puyas de Boluarte-Tello son parte de la cotidianeidad.
A todo esto, ¿tiene razón la presidente para sentirse perseguida injustamente por el largo brazo de la ley?. Quizá directamente no, pues las investigaciones hacia ella están en trámite; sin embargo, indirectamente la cosa es diferente. El ejemplo más notorio es el de Nicanor, su hermano. Sindicado de pertenecer a una organización criminal, el aquo tardó cuatro meses para atender el pedido de prisión preventiva en su contra. Y cuando sucedió, al poco tiempo la instancia superior revocó la misma, ordenando solamente comparecencia simple. Una vergüenza del magistrado a cargo, el canero Richard Concepción Carhuancho. Sí, el irreflexivo y convicto antifujimorista.
Lo abusivo de todo esto (como si ya no fuese suficiente) es que en tanto Carhuancho pensaba cómo resolvería este requerimiento fiscal (traducción real: cuantos meses lo metería a la cárcel), dictó clases en un Instituto particular y en unas diapositivas colocó a Nicanor como delincuente. Cuestionada su imparcialidad, fue de inmediato recusado; no obstante, el propio Concepción lo rechazó de plano, y ahí quedó el tema. Solo por curiosidad, ¿es suficiente que la Sala dejase sin efecto la controvertida decisión del mediático Richard para que el imputado se quede tranquilo?. Y, ¿dónde queda el mellado derecho al honor y buena reputación de Boluarte?.
Dato adicional. Tello Gilardi requirió respeto a la independencia de la judicatura. Pero, esa misma exigencia no la tuvo cuando el 21 de mayo de 2018 fue condecorada en Palacio de Gobierno con la “Orden de Mérito a la Mujer 2018”. ¿Quién le puso la medalla?. Martín Alberto Vizcarra Cornejo.
Claro, en aquella época Janet era Jueza Suprema, y hoy es la mandamás del Poder Judicial; razón por la cual reclama airadamente “con mi justicia no te metas”.