Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
A propósito de la detención preliminar y la probable insistencia en el texto aprobado por parte Congreso, considero oportuno enumerar algunas precisiones:
1. Detención preliminar en casos de flagrancia: Es posible detener a una persona de manera preliminar, durante la investigación fiscal, cuando existe flagrancia. Es decir, cuando se sorprende al individuo en el acto de cometer un delito o inmediatamente después. En este extremo la ley está vigente y no hay excusa para no aplicarla a las organizaciones criminales que aterrorizan a la población, cuando son detenidos en flagrancia.
2. Prisión preventiva vigente pero no solicitada: La prisión preventiva, que es otra medida restrictiva, sigue siendo una medida vigente que se puede requerir dentro del proceso judicial. Sin embargo, en los hechos no se solicita o es rechazada con frecuencia debido a deficiencias procesales o corrupción dentro de la Fiscalía. Y es que, a diferencia de la detención preliminar, se requiere mayor nivel de certeza y pruebas para requerirla.
3. Insistencia del Congreso en la ley observada: El Congreso busca reformar leyes para exigir mayor certeza antes de aprobar medidas restrictivas, como la detención preliminar, evitando detenciones arbitrarias basadas en titulares manipulados más que en evidencia sólida. En este sentido, insistirá en aprobar la ley de detención preliminar que fue observada por el Ejecutivo. Aunque no se volverá al texto original, se exigirá un mayor grado de certeza para que las medidas sean aprobadas por los jueces.
4. Protección contra detenciones arbitrarias: La ley de detención preliminar observada por el Poder Ejecutivo y sobre la cual el Congreso insistirá impide aplicar detenciones preliminares sin evidencia sólida, más allá de titulares manipulados. Es decir, se exigirá al fiscal presentar elementos e indicios razonales de la posibilidad de fuga u obstrucción a la justicia, así el Poder Judicial dejará de ser una mera mesa de partes de la Fiscalía. La forma selectiva con que se ha venido aplicando, sin mayor medio probatorio o indicio, atenta contra la presunción de inocencia y vulnera el debido proceso.
5. Uso político de las detenciones: Debido a lo laxo del texto original, el cual sería modificado por el Congreso, organizaciones criminales infiltradas en la Fiscalía durante los últimos tiempos han utilizado sistemáticamente las detenciones preliminares como arma política para perseguir funcionarios públicos, empresarios, periodistas y hasta partidos políticos incómodos o contrarios a la ideología de izquierda progresista.
6. Trato diferenciado para ciertos casos políticos: Casos emblemáticos como los seguidos contra Vizcarra y Villarán, ambos vinculados a la izquierda progresista, son tratados selectivamente con suavidad extrema, mientras que a políticos y partidos contrarios a dicha ideología se les aplica todo el rigor de la ley, vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia. Estos personajes de izquierda progresista permanecen libres y hasta realizan proselitismo político, mientras otros enfrentan persecución selectiva.
7. Impunidad previa a reformas legales: Antes incluso de modificar las leyes sobre detención preliminar, ya existían numerosos casos de impunidad entre criminales destacados —como los involucrados en “El Tren de Aragua”— debido principalmente a disposiciones fiscales que ordenaban su liberación tras ser arrestados por la policía.
8. Debido proceso y presunción de inocencia: El Tribunal Constitucional, a través de varias resoluciones, ha declarado la nulidad de actuaciones en procesos judiciales donde tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han vulnerado sistemáticamente principios constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto se ha producido con un evidente sesgo político hacia políticos incómodos para los intereses de organizaciones criminales que operan desde dentro de la Fiscalía.
9. Necesidad urgente de reformas institucionales: Es imperativo implementar reformas profundas en el sistema judicial peruano mediante una reorganización tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. Esperar que estas instituciones limpien sus propias casas parece cada vez más improbable.
10. Indiferencia ante deslegitimación institucional: Resulta extraño que los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) permanezcan indiferentes ante esta situación que deslegitima gravemente al sistema judicial peruano.
11. Zapatero a tus zapatos: Si fiscales y jueces quieren hacer política y aprobar, modificar o derogar leyes, deben dejar la judicatura y postular al Congreso.
Es hora de poner fin al sicariato político.