Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La reciente designación de José Salardi como ministro de Economía y Finanzas ha despertado expectativas sobre su capacidad para destrabar proyectos de inversión clave. Aunque no es un especialista en macroeconomía, su experiencia en Proinversión y su conocimiento de las trabas burocráticas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo perfilan como un “destrabador” de procesos. En este contexto, Salardi ha comenzado a reemplazar a funcionarios estratégicos en áreas críticas del ministerio, buscando agilizar la ejecución de proyectos.
El ministro ha anunciado planes ambiciosos, como suscribir proyectos por más de 3,000 millones de dólares antes de julio, lo que podría representar un impulso significativo para las inversiones. Sin embargo, casos emblemáticos como el proyecto minero Tía María evidencian que no todos los problemas son administrativos. Este proyecto sigue paralizado debido al rechazo social fomentado por ONGs antimineras en la región, lo que traslada la solución al ámbito político.
El panorama político y social del Perú es igualmente complejo. En el sur del país, el voto no responde a ideologías tradicionales, sino a un rechazo visceral al centralismo limeño. Este sentimiento anti-Lima lleva a los votantes a apoyar candidatos radicales, ya sean de derecha o izquierda, siempre que cuestionen frontalmente la hegemonía limeña. Este fenómeno ha permitido que figuras como Martín Vizcarra mantengan relevancia política mediante discursos agresivos contra Lima y promesas populistas, como el indulto al expresidente Pedro Castillo.
En este contexto, la administración de Dina Boluarte presenta luces y sombras. Por un lado, su falta de liderazgo ha generado críticas e intentos fallidos de vacancia; por otro lado, su estilo de gobierno no interfiere con los ministerios ni con el Congreso, lo que permite cierta fluidez en la gestión pública. Su reciente postura crítica hacia las ONGs podría complicar sus relaciones con sectores progresistas, aunque sintoniza con una mayoría congresal que busca regular el financiamiento de estas organizaciones.
En el ámbito económico, la informalidad sigue siendo un pilar fundamental para la resiliencia del país frente a crisis internacionales y desaciertos estatales. Esta economía paralela opera al margen de las restricciones burocráticas propias de la formalidad, evitando así una parálisis total en momentos críticos.
Por otro lado, la llegada inminente de un banco totalmente digital y el potencial crecimiento del Bitcoin reflejan intentos por modernizar la economía peruana. Sin embargo, estos avances tecnológicos enfrentan desafíos regulatorios que generan dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Finalmente, el sistema previsional enfrenta una encrucijada tras la desactivación de las AFP en Chile y las propuestas legislativas para permitir retiros adicionales en Perú. La posibilidad de que cooperativas y entidades menores gestionen fondos de pensiones podría transformar radicalmente el panorama financiero del país.
En conclusión, Perú se encuentra en un momento crucial donde las decisiones económicas y políticas determinarán si se aprovechan las oportunidades o se perpetúan las pérdidas. La capacidad del nuevo ministro para destrabar inversiones será esencial, pero deberá enfrentarse a tensiones sociales y electorales que podrían definir el éxito o fracaso de estas iniciativas.