No valoraron pruebas de descargo:
La madre del médico ginecólogo Alberto S.D., Teodora Díaz Castillo, ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso judicial que terminó con la sentencia de su hijo. Según sus declaraciones, la única prueba presentada en su contra fue la declaración de la paciente, Nayeli Vértiz Cuba, en una Cámara Gesell con aparentes defectos y contradicciones.
Asimismo, cuestionó la actuación del fiscal Juan Carlos Javier Portales, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal del Santa, quien –según indica– cuenta con un historial de más de 20 denuncias en su contra por presuntas inconductas funcionales desde el año 2012.
La madre del ginecólogo también mencionó que su hijo y su abogado, Gilver Vásquez, presentaron una denuncia contra dicho fiscal el 15 de octubre de 2024, la cual está en manos del Dr. Edwin Iván Cipriano Lozano, jefe de la Autoridad Desconcentrada de Control del Santa, en espera de un pronunciamiento.
CUESTIONAMIENTOS
Teodora Díaz Castillo expresó su preocupación porque la sentencia dictada el 28 de febrero de 2025 por la jueza Arroyo Amoroto no se basó en pruebas periciales, sino únicamente en el testimonio de la paciente.
Según indicó, la mujer supuestamente agraviada no pasó la pericia psicológica y tampoco se valoró un informe ginecológico presentado por médicos especialistas de EsSalud-Chimbote, sustentado por el ginecólogo Miguel Mendoza, quien sostuvo que el examen realizado a la paciente siguió protocolos nacionales e internacionales.
Además, señaló que el dictamen de la especialista en psicología forense, Cecilia Carolina Chirinos Castro, desestimó la Cámara Gesell como prueba válida, ya que no cumplió con los estándares exigidos por el Instituto de Medicina Legal y no contó con la presencia de un juez.
Tampoco se habrían tomado en cuenta los informes de psicólogos de Medicina Legal de Chimbote, quienes señalaron en juicio que para determinar una afectación psicológica es obligatorio realizar una pericia psicológica, la cual no se efectuó en este caso.
Otro de los aspectos que denuncia la familia del ginecólogo es que la jueza Arroyo Amoroto tenía una resolución de cese en su cargo desde el 24 de febrero de 2025, pero aun así realizó el juicio sumario entre el 24 y el 28 de febrero. Además, afirman que las grabaciones de seguridad de la clínica, donde se observa a la paciente ingresar y salir del consultorio sin signos de afectación, tampoco fueron valoradas.
Según los familiares, estas imágenes demostrarían que la paciente salió del consultorio y luego regresó de manera voluntaria para consultar sobre su próxima cita, lo cual contradice su versión de los hechos.
Finalmente, la madre del ginecólogo anunció que apelarán la sentencia, ya que consideran que el juicio estuvo lleno de irregularidades y que su hijo está recluido sin una sentencia firme, dado que su prisión preventiva venció el 3 de marzo de 2025.
“Vamos a seguir luchando hasta que se valoren todas las pruebas que han sido desestimadas y se declare la nulidad del juicio. Lo único que hizo mi hijo el 4 de marzo de 2024 fue dar una atención ginecológica siguiendo los protocolos de su especialidad. A partir de ahora, los médicos y los hombres deben tener mucho cuidado al atender a esa persona”, concluyó entre lágrimas Teodora Díaz Castillo.