La fiscal de la nación Delia Espinoza afrontaría hasta 5 denuncias constitucionales interpuestas por el Congreso y el Ejecutivo, las cuales han sido presentadas en menos de un mes y podrían culminar con una inhabilitación de 10 años que impediría que la titular del Ministerio Público pueda ejercer cargos en el Estado.
Cabe resaltar que estas denuncias constitucionales deberán ser evaluadas en los próximos días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña (APP), Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Nilza Chacón (Fuerza Popular), donde el fujimorismo y Renovación Popular tienen la mayor cantidad de integrantes.
Ayer por la mañana, el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi anunció a la prensa que había presentado una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por un presunto desacato de la Ley 32130, impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos.
Según precisó Rospigliosi Capurro, dicha denuncia la presentó junto a los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), dos congresistas que fueron denunciados constitucionalmente por la titular del Ministerio Público por, supuestamente, haber favorecido una ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado.
“Una de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación es una que he hecho yo, junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque la fiscal de la nación junto con la Junta de Fiscales Supremos (JFS), han desacatado la ley que devuelve la investigación a la Policía”, anunció.
“Ellos no solamente se pronunciaron públicamente contra una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley y, hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la JFS”, resaltó.
Horas después, se hizo pública la denuncia constitucional que interpusieron los integrantes de la bancada de Renovación Popular contra la titular del Ministerio Público, por los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Por tal motivo, piden su “inhabilitación para el ejercicio del cargo público por diez (10) años”.