• Un tema que debe formar parte de la agenda electoral hacia el 2026
Por: Víctor Andrés Ponce (*)
Se ha convertido en sentido común sostener que, en las últimas tres décadas, el avance económico y el proceso de reducción de pobreza ha estado asociado a una falta o fracaso general del Estado. La ineficiencia estatal es de tal magnitud que el Estado se ha convertido en una verdadera muralla que bloquea inversiones –por lo tanto, aumenta la pobreza– y genera informalidad.
Un gigantesco Estado para una economía de ingreso medio que, a través del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas públicas, consume un tercio del PBI, que es de más de US$ 260,000 millones. Sin embargo, no provee servicios mínimos en seguridad y justicia. Asimismo, se argumenta que una de las causas del fracaso estatal es la sobrerregulación y la multiplicación de ministerios, oficinas y aduanas, que han convertido al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región.
No obstante, se dice poco sobre la destrucción institucional y social que fomenta la descentralización y la regionalización. Cualquiera sea el ángulo de análisis la descentralización ha tenido efectos devastadores en el país. Por ejemplo, el Plan Nacional de Competitividad del 2019 establecía que las brechas en infraestructuras básicas sumaban S/ 117,000 millones. En los años 2019 y 2023 las regiones gastaron S/195,000 millones. En otras palabras, 167% de la brecha establecida. Sin embargo, las cifras son aterradoras: la falta de servicio de agua potable ha aumentado en un punto y en saneamiento nada ha cambiado. Todo sigue igual.
El 85% de la red vial no está pavimentada, el 96% de los centros educativos y el 97% de los centros de salud del primer nivel están en estado precario. Asimismo, el 85% de los hospitales tienen infraestructuras obsoletas y únicamente se han terminado el 2% de las obras. ¿Hacia dónde entonces se han destinado los millones invertidos? Las regiones y la descentralización se han convertido en una fuente de irregularidades y corrupción.
Lo más grave de todo: las regiones, al malgastar el impuesto que pagan las empresas, fomentan la informalidad y el desarrollo de las economías ilegales, mientras las corrientes antisistema argumentan que “la economía de mercado solo crea pobreza y exclusión”.
Pero eso no es todo. Al lado de las modificaciones legales que promovió el progresismo –como bajar la valla de inscripción de los partidos y aprobar la no reelección parlamentaria, por ejemplo– la regionalización y descentralización es otra de las causas de la balcanización de la política que puede arrojarnos al abismo de un Estado fallido.
La crisis de los partidos del siglo XX y la posibilidad de caudillos regionales y locales de formar organizaciones regionales, simplemente, han desalentado la formación de partidos nacionales. Ahora acceder al presupuesto no demanda un movimiento político nacional y, a lo largo de la historia republicana, las regiones y provincias siempre fueron fuentes de cuadros y liderazgos de los partidos nacionales. Eso no sucede ahora, y el Perú avanza hacia una elección nacional con más de 30 candidatos.
Como se aprecia con claridad la regionalización y la descentralización, junto a la burocratización del Estado, son las causas principales del fracaso estatal en las últimas tres décadas. Un fracaso que se expresa en la falta general de servicios en algunas regiones en donde la informalidad puede sobrepasar el 80% de la sociedad.
La fallida descentralización no solo explica que los más pobres carezcan de agua potable, alcantarillado, carreteras, buenas escuelas, postas médicas, seguridad y justicia, sino que también es una de las causas de la destrucción del sistema político y la incertidumbre del próximo proceso electoral.
Estamos, pues, ante un tema capital que se debería abordar en las campañas electorales del 2026.
(*)Director de El Montonero (www.elmontonero.pe)