Por: Fernando Zambrano Ortiz
En un giro inesperado, la Fiscalía de la Nación ha ordenado un segundo allanamiento en el domicilio y oficina del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, justo antes de una posible censura. Este evento no solo genera sorpresa, sino que también plantea serias preguntas sobre la naturaleza política de las acciones fiscales y judiciales en el país.
El allanamiento, realizado en un momento crucial para la carrera política de Santiváñez, sugiere que estamos ante un operativo más político que judicial. La investigación, que involucra acusaciones de abuso de autoridad y tráfico de influencias, parece estar más orientada a desacreditar al ministro que a esclarecer los hechos. Esta percepción se refuerza por la proximidad del debate de las mociones de censura que enfrenta Santiváñez en el Congreso.
El efecto de estas acciones podría ser contraproducente para la Fiscalía. En lugar de fortalecer su posición, podrían victimizar al ministro, lo que podría influir negativamente en el voto de censura. Los votos necesarios para la censura ya estaban ajustados, y este tipo de operativos políticos podría inclinar la balanza en contra de la Fiscalía.
Sin embargo, más allá de la suerte política de Santiváñez, el verdadero desafío radica en la necesidad de una reforma profunda del Ministerio Público. La reestructuración y remoción de fiscales supremos son imperativas para desarticular las redes de corrupción que operan dentro del sistema judicial. Estas redes, que han operado durante años con complicidad externa, han perseguido políticamente a opositores, erosionando la confianza en las instituciones.
La delincuencia, un problema crónico en el Perú, no se resolverá con la salida de un ministro. Es un tema que requiere decisiones políticas profundas y un consenso regional en América Latina. Pedir la censura de Santiváñez puede ser visto como un gesto político necesario, incluso si no se logran los votos. Este tipo de acciones demuestra compromiso político con la justicia y la seguridad, valores cruciales para el electorado.
En política, la percepción pública es fundamental. En momentos críticos, como el reciente asesinato de un cantante, no actuar puede ser visto como una falta de empatía, lo que podría tener consecuencias electorales significativas. Los gestos políticos, aunque simbólicos, son esenciales para mantener la legitimidad ante la opinión pública.
Finalmente, es hora de que ciertos sectores políticos progresistas, comúnmente llamados caviares, enfrenten la realidad. Su influencia ha disminuido significativamente, y su intento de desestabilizar al país ya no cuenta con el respaldo que antes tenían. Quizás sea momento de despertar a la realidad política actual, donde su presencia es marginal y su capacidad para influir, limitada.
En resumen, la delincuencia no se detendrá por el cambio de ministros y el futuro de la justicia en el Perú depende de reformas profundas y de la capacidad de las instituciones para actuar sin matiz político. La política debe ser un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, no un juego de poderes donde fiscales y jueces manipulan las instituciones para fines personales o políticos.