Por: WALTER MIGUEL QUITO REVELLO
Ya censuraron al ministro del interior Juan José Santibáñez. ¿Se terminará los asesinatos? Me preguntaron en una de mis redes sociales. Yo creo que no. Pero servirá para que el Congreso de la República, el Gobierno Central, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público sepan que el pueblo se cansó y que se va uniendo en contra de la delincuencia que nos está matando. Que desaprobamos su indiferencia, y que tomaremos las calles hasta que nuestros gobernantes y custodios entiendan que queremos trabajar y vivir sin miedo.
El Perú afronta actualmente la mayor crisis, de desborde criminal, en nuestra historia republicana. Ha tenido que ser asesinado Paul Flores García, vocalista de la orquesta de cumbia Armonía 10, para darnos cuenta que actualmente se registran más de seis crímenes al día y la tendencia es que los asesinatos continúan. Los Estados de Emergencias no han servido para frenar los asesinatos. Delante de militares y policías nos matan.
Como una burla al pueblo. La Policía Nacional del Perú le echa la culpa al Ministerio Público. El Ministerio Público le echa la culpa al Congreso de la República por dictar leyes pro-criminal y al Poder Judicial. El Congreso de la República le echa la culpa al gobierno Central. Y el gobierno Central le echa la culpa al Ministerio Publico y al Poder Judicial. Estas instituciones que representan el Estado se pelotean el problema de la criminalidad cuando todos son responsables de las muertes por extorción, robo agravado, sicariato a cargo de organizaciones criminales cada vez más violentos.
¿Quién nos protege? Aldo Sánchez era un sereno de la Municipalidad de Carabayllo, que compartió información sobre la ubicación de Erick Moreno Hernández “El Monstruo” a la PNP de la comisaría de San Pedro en Carabayllo, fue centrado por la policía en la barbería “La Fama” y asesinado. El coronel de la PNP, encargado de las comisarías de Trujillo, que integraba una organización criminal, cayó con 250 mil soles en su casa tras cobrar una presunta extorsión a las mineras informales de Otuzco. Esa es la realidad de la PNP. A la PNP no voy y por el otro lado el gobierno amedrenta al periodista, al abogado, al alcalde, al ciudadano, al buen político que se atreve a levantar la voz para exigir justicia. El que se queja es terruco para los ministros y para la presidenta de la república.
Nuestra región no es ajena al fenómeno criminal que sufre el país, colombianos, venezolanos y nuestros propios vecinos se organizan criminalmente como “el famoso Tren de Aragua” para extorsionarnos aprovechándose de nuestra nobleza y de un gobierno débil que le abre las puertas. Al interior de nuestra provincia comparadores de palta, de mango, colectivos, negociantes, empresarios prefieren pagar su cupo antes de recurrir a la policía. Sin embargo, nuestro derrotado presidente regional se demoró más de 90 días, después de ceremonia (Pura foto) para entregar las camionetas a la Policía Nacional del Perú en nuestra región. Y nuestros congresistas por Ancash están calladitos y creen que se ven más bonitos cuando el pueblo se desangra y no los quieren, sin embargo, como cabeza de ánforas pedirán reelección a algún cargo público.
No cambiará nada con la salida del ministro Santibañez. Porque vendrá otro a seguir el guion de un ministerio secuestrado por proxenetas y defensores de organizaciones criminales que están en el Congreso de la República. Mientras que la presidenta preocupada por plancharse la cara prefiere darle la espalda al pueblo para darles gollerías a los fujicerronistas, plata como cancha y otras organizaciones criminales disfrazadas de bancada y de partidos políticos que están en el Congreso de la república. Para mantenerse en el poder no ve que será vacada.
Uno de los caminos que tenemos es la protesta para evitar que nos sigan matando. El otro es saber elegir quienes nos van a gobernar para limpiar el Estado de Proxeneta y que deje de ser cuna de organizaciones criminales. La marcha contundente del 21 de marzo en Lima que terruquio la presidenta de la república se replicará en todo el país si las muertes continúan porque somos trabajadores y queremos vivir en un país sin miedos.