Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En un contexto marcado por la inestabilidad política y las crecientes protestas en Perú, la presidente Dina Boluarte ha anunciado la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. Este movimiento político no solo marca un hito importante en el calendario electoral del país, sino que también tiene implicaciones significativas para la dinámica política actual.
Recientemente, el Congreso censuró al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en medio de una ola de inseguridad que ha sacudido al país. Las protestas y marchas caviares contra el gobierno han sido constantes, con demandas de cambios más profundos en la gestión política. En este escenario, la convocatoria a elecciones generales puede ser vista como una estrategia para desviar la atención de las críticas inmediatas y ofrecer una perspectiva de cambio a través de los mecanismos democráticos.
La decisión de convocar elecciones generales antes de la fecha límite (que es el 12 de abril de 2025) tiene un efecto significativo en los grupos políticos que habían estado presionando por la vacancia presidencial. Estos grupos, a menudo asociados con posturas progresistas, habían intentado movilizar a colectivos y a la prensa para influir en el Congreso. Sin embargo, con las elecciones convocadas, la posibilidad de vacancia presidencial o disolución del Congreso se vuelve impracticable, lo que deja a estos grupos en una posición desfavorable.
Por otro lado, el anuncio de elecciones generales puede traer una dosis de tranquilidad para los inversionistas. La estabilidad política es crucial para atraer inversión extranjera y mantener la confianza en la economía local. Aunque el camino hacia las elecciones será largo y posiblemente marcado por tensiones políticas, la perspectiva de un cambio ordenado a través de los comicios puede ser vista como un paso positivo hacia la normalización del clima político.
A pesar de estos movimientos, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta desafíos significativos. La inseguridad sigue siendo un problema grave, y las protestas recientes han demostrado que la paciencia de la población se está agotando. Además, la legitimidad del gobierno sigue siendo cuestionada por algunos sectores de la sociedad peruana.
En conclusión, la convocatoria a elecciones generales en Perú es un paso importante hacia la estabilización del panorama político, aunque no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el país. La tarea del gobierno será garantizar que el proceso electoral sea transparente y refleje la voluntad de los ciudadanos, lo que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Perú.