En el marco del compromiso por la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se llevó a cabo una intensa jornada de capacitación dirigida a los suboficiales encargados de las áreas de violencia familiar de las comisarías de Chimbote y Nuevo Chimbote, por parte de integrantes de la Corte de Justicia del Santa.
Las magistradas de los Juzgados de Familia Transitorio de la Subespecialidad de Violencia Familiar, Ana Príncipe Leal, Pamela Tello Casana y Duany Carrasco Guevara estuvieron a cargo de esta importante acción. Visitaron las comisarías de San Pedro, 21 de Abril, Chimbote, Alto Perú, La Libertad, Villa María y la comisaría de Familia de Nuevo Chimbote.
Uno de los principales temas abordados fue el uso del Botón de Pánico en su versión II, una herramienta tecnológica diseñada para brindar una respuesta rápida y efectiva en casos de violencia familiar. Se enfatizó la importancia de su correcta utilización, asegurando que las víctimas puedan recibir auxilio oportuno y eficaz ante situaciones de peligro inminente.
Asimismo, se instruyó a los suboficiales sobre el adecuado llenado de los formatos utilizados en la atención de mujeres, niños y adultos mayores que han sido víctimas de violencia familiar. Este aspecto es fundamental para garantizar un registro preciso y completo de los casos, lo que facilita la toma de decisiones y el seguimiento de las denuncias por parte de las autoridades competentes.
“Sabemos que el personal policial es el primero en recepcionar las denuncias y tomar contacto con las víctimas, es por ello que realizamos esta jornada para que así podamos dictar las medidas de protección más adecuadas, según sea el caso”, manifestó la Dra. Ana Príncipe.
Las magistradas supervisaron el seguimiento de las medidas de protección dispuestas por orden judicial en favor de las víctimas de violencia.
El ingeniero Juan Carlos León, informático de la Corte del Santa realizó la actualización del aplicativo Botón de Pánico.
Con esta jornada de capacitación, se fortalece el trabajo coordinado entre el Poder Judicial y la Policía Nacional, asegurando una respuesta más eficaz ante los casos de violencia familiar y reafirmando el compromiso de las instituciones en la protección de los derechos de las víctimas.