Por: Walter Miguel Quito Revello
En los últimos años vemos como la ciudadanía no cree en la justicia en nuestro país. En junio del año 2024, el 75% de la población confiaba poco o casi nada en el poder judicial. Uno de los problemas es la politización de la justicia que va de la mano con la corrupción.
El juicio al expresidente Pedro Castillo, en donde la acusación no cumple con los elementos del Tipo Penal que debió ser archivado en la etapa intermedia. El caso Perseo, que sanciona por pensar “ideología” y por la posibilidad que se cometa el delito de terrorismo. Redy Huamán Camala, Ferdinand Huancaqui Yucra, Richard Camala Coyo y Joel David Huallanca Huaman fueron detenidos tras protestar, y los acusaron por delito de disturbios a jóvenes aimaras que tienen menos de 22 años fueron condenados a penas de seis y siete años de prisión por participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2023. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificó en todos sus extremos el fallo de primera instancia que, además, ordenó la cancelación de su inscripción en el ROP y el cierre de todos sus locales de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O) porque considera que es un mensaje violeto: “Vamos a salir porque tenemos que fusilar a expresidentes en el Perú, moralizar a la sociedad. Antes de defender los derechos humanos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala (su hermano), yo prefiero defender los derechos humanos del pueblo peruano, los principales damnificados” Cuando ahora todos los políticos proponen pena de muerte para criminales que va contra los derechos humamos y el Misterio Publico no pide la cancelación de esos partidos políticos como en el caso ANTAURO.
Podríamos seguir, pero para finalizar en setiembre del 2011 Cesar San Martin firma un circular sobre prisión preventiva, que es la Resolución Administrativa Nº 325-2011-P-PJ, en el fundamento séptimo nos da a entender que todos tienen arraigo hasta el indigente, lo que hay que valorar es su calidad. Esta resolución prácticamente discriminatoria, fue acatada por todo el aparato de justicia, jueces y fiscales. La casación 38-2024, Ayacucho, en su fundamento 2.9 refiere: “En ese mismo orden de ideas, en cuanto tiene que ver con el peligrosismo procesal, se sostuvo que el arraigo domiciliario es de mala calidad, lo mismo se dice del arraigo laboral. En primer término, no se concluye objetivamente por qué esa calificación cualitativa y, en segundo lugar, la norma requiere arraigo domiciliario y laboral, pero no distingue cualitativamente dichas condiciones” firmando por Cesar San Martin. Lo que demuestran que a jueces y fiscales con un memorándum, les dicen cómo va motivar sus decisiones cuando ellos tienen independencia amparada por la Constitución de nuestro país.
Me pregunto: ¿Porque tanta sumisión? Será por la cantidad de jueces provisionales que tenemos. En marzo de 2022 se cuenta con 3.526 jueces a nivel nacional, de los cuales 43% son titulares. La Corte Suprema de Justicia los jueces supremos provisionales representa más del quíntuple (47) que la cantidad de titulares (9). Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que, de los 9 titulares, sólo 4 administran justicia, mientras que los 5 restantes ejercen cargos administrativos. Los jueces y juezas superiores solo el 58% son titulares. En el caso de los jueces especializados y los jueces de paz letrado que representan la mayor cantidad de órganos jurisdiccionales y son la base del sistema de justicia la provisionalidad alcanza a 57% y 73%.
Hace poco el Tribunal Constitucional ordenó la reposición de Aldo Figueroa Navarro al cargo de juez supremo titular. Sim embargo la Corte Suprema no acata el mandato del tribual porque no tiene presupuesto. ¿Cómo se maneja esta corrupción? El presídete del Poder Judicial con un oficio lo requiere a un juez de la Corte Superior para que pase a la Corte Suprema ganando todas las gollerías de un Juez Supremo sin ganar el concurso público. Es decir, entraron por la puerta de atrás. Los presidentes de las Cortes Supremas para cubrir esas plazas llaman a los jueces especializados y para cubrir la plaza de los jueces especializados llaman a los jueces de paz letrados. Y para cubrir esas plazas llaman a Jueces Supernumerarios. Es así como se politiza la justicia. Para mantenerse en sus puestos tienen que obedecer a los designios de los presidentes de la Corte Suprema y de la Corte Superior sino lo hacen con un oficio lo regresan a sus plazas que ya estarán ocupadas. Recordemos el caso “Cuellos Blanco del Puerto”.
La provisionalidad es uno de los factores que contribuye a que tengamos sentencias injustas porque se politiza la justicia como el caso Pedro Castillo en donde la directora, jueza provisional Norma Carbajal Chávez objetaba de oficio las preguntas de los abogados de los acusados pero no hacía lo mismo con las preguntas del representante del Ministerio Publico. El formalismo ritual inquisidor de jueces que ya tienen la sentencia sin que se acabe el juicio obedeciendo a políticas o motivaciones no acorde con un estado de derecho democrático.
Para cambiar la justicia es urgente terminar con la provisionalidad de jueces o reducir su porcentaje por jueces titulares libres e independientes que amen a su patria. Que crean que el derecho es una ciencia que está en constantes cambios para servir a la humanidad.