Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
A horas de la convocatoria a elecciones generales para 2026, la Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones contra dos partidos políticos basadas en denuncias ciudadanas. Esta decisión, cargada de connotaciones políticas, atenta contra los derechos fundamentales de los peruanos a organizarse y participar en la vida política. Pero a la vez, esta acción constituye una grave infracción constitucional que debería llevar a la renuncia o destitución de la Fiscal de la Nación y los fiscales supremos, así como a una profunda reorganización del Ministerio Público.
En el Perú, los partidos políticos democráticos gozan de una sólida protección constitucional y legal que impide su cancelación o ilegalización por parte de la Fiscalía o el Poder Judicial. Esta garantía está respaldada por la Constitución peruana y normativas internacionales que buscan preservar la estabilidad política y el funcionamiento de las democracias.
La Constitución establece que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que participan activamente en la vida política, siempre que respeten los valores constitucionales. La Ley de Partidos Políticos regula su funcionamiento y asegura su libertad de acción y expresión dentro del marco legal. Importante destacar que esta ley no contempla la ilegalización de partidos por decisión judicial o fiscal, sino que establece procedimientos específicos de disolución en caso de incumplimiento de normas electorales, respetando el debido proceso y los derechos de los involucrados.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el órgano encargado de supervisar y regular las actividades de los partidos políticos, garantizando que cumplan con las normas electorales. Si un partido incumple, el JNE puede sancionarlo o cancelar su inscripción, pero esta facultad se limita al ámbito electoral y no incluye la capacidad de declarar la ilegalidad penal de un partido.
A nivel internacional, muchos países han adoptado un enfoque similar, estableciendo órganos autónomos para supervisar la legalidad de los partidos sin intervención judicial. La intervención judicial en asuntos políticos se considera inapropiada, salvo en casos extremos de violaciones graves de la ley.
La Constitución peruana protege el derecho a la participación política como fundamental, lo que significa que los partidos políticos tienen una protección especial, esencial para la democracia representativa. Esta protección está alineada con normativas internacionales que buscan evitar el uso del sistema judicial para desmantelar partidos o eliminar a la oposición. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la disolución de un partido debe seguir procedimientos estrictos y no debe usarse con multas políticas.
Si un partido fuera ilegalizado, se violarían los derechos fundamentales de sus miembros, como la libertad de asociación y la participación política. Estos derechos están protegidos por el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente y participar en la vida política. Solo en circunstancias excepcionales y mediante un juicio imparcial, un partido podría ser disuelto.
A nivel global, tribunales constitucionales como los de España, Alemania y México han defendido la protección de los partidos políticos democráticos, garantizando que no sean disueltos por motivos arbitrarios. Tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos, también han condenado la disolución de partidos políticos cuando se realiza de forma indebida y con multas políticas.
En el Perú y en muchas democracias, la judicialización de partidos políticos democráticos es una medida muy limitada y controlada. La protección constitucional y los derechos fundamentales hacen casi imposible que el Poder Judicial o la Fiscalía puedan cancelar la inscripción de un partido sin una reforma constitucional o legal que lo permita. Esta tendencia refleja el compromiso global de fortalecer la democracia, protegiendo la pluralidad política y la libre participación ciudadana.
En conclusión, las investigaciones abiertas por la Fiscal de la Nación, al carecer de respaldo constitucional y legal, deben denunciadas y ser sancionadas con rigor para defender nuestra democracia y el derecho de todos los peruanos a participar en la vida política.