¿Tan difícil es caminar derecho?
Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La reciente solicitud de asilo político de Nadine Heredia, ex primera dama peruana condenada por corrupción, en la embajada de Brasil en Lima, ha reavivado un debate crucial sobre el uso del asilo. ¿Pueden los delitos comunes ser escudos bajo figuras diseñadas para proteger derechos fundamentales? La respuesta, tanto desde el derecho internacional como desde la práctica regional, es clara: la corrupción no es un crimen político, y su uso como argumento para obtener asilo amenaza la integridad de nuestras instituciones democráticas.
La Convención de Caracas de 1954 y la Declaración de Cartagena de 1984 establecen que el asilo político está destinado a proteger a quienes enfrentan persecución por motivos ideológicos, raciales o en defensa de derechos humanos, no a aquellos que buscan evadir responsabilidades penales. La corrupción, como subraya la jurisprudencia internacional, es un delito grave de carácter común, asociado al enriquecimiento ilícito y al quebranto de la confianza pública. En el caso de Heredia, su condena por lavado de activos y colusión —validada por el Poder Judicial peruano— se enmarca en procesos legales legítimos, no en una cacería ideológica.
Brasil, tras los escándalos que sacudieron su sistema político, ha endurecido su lucha contra la corrupción con reformas significativas. Su tradición diplomática ha sido históricamente abierta al asilo, pero excluye a quienes han sido condenados por delitos graves no políticos. En años recientes, Brasil ha rechazado solicitudes de asilo de funcionarios implicados en corrupción, priorizando la cooperación con otros países en la lucha contra este flagelo. Además, la legislación brasileña exige evaluar si el solicitante recibió un juicio justo. Si Perú demostró que se respetaron las garantías procesales —como la apelación admitida por Heredia— Brasil carecería de bases para considerar su caso como persecución.
Aceptar esta solicitud sentaría un precedente peligroso: transformaría embajadas en refugios para élites corruptas, erosionando la credibilidad de los mecanismos diseñados para proteger a las verdaderas víctimas de regímenes autoritarios. En América Latina, donde más del 60% de la población desconfía de sus instituciones (según Latinobarómetro 2023), casos como este alimentan la percepción de impunidad.
El sistema internacional enfrenta aquí una prueba decisiva. Brasil debe elegir entre avalar un intento de evadir la justicia o reafirmar su compromiso con la ética pública. La corrupción no es disidencia política; es un cáncer que requiere tratamientos legales, no atajos diplomáticos. Si se concede el asilo a Heredia, no solo se burlaría la justicia peruana, sino que se enviaría un mensaje nefasto: las fronteras políticas pueden convertirse en murallas contra la ley.