Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En el caso Ollanta-Nadine, la casta caviar ha iniciado una nueva campaña destinada a confundir a la opinión pública. Argumentan que, dado que se dictó condena por supuestos aportes de campaña, todos los casos similares deberían recibir el mismo tratamiento. Esta afirmación, sin embargo, es simplista y engañosa.
No se trata de que los aportes realizados en las campañas de 2011 y 2016 fueran ilícitos por naturaleza. Como han señalado diversos juristas y expertos, en ese entonces la ley permitía dichos aportes, y su omisión en las declaraciones constituía, a lo sumo, una falta administrativa, no un delito penal.
Lo que se ha sancionado en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia no es el aporte en sí, sino el delito de lavado de activos, lo cual marca una diferencia esencial. Para que exista lavado de activos, no basta con que el dinero tenga un origen ilícito ni que el receptor sospeche dicho origen: es necesario, además, que el dinero sea insertado en el sistema formal y luego retornado al aportante, como ha señalado la justicia peruana.
La investigación habría demostrado que los fondos provenían de fuentes ilegales —específicamente del régimen chavista venezolano y de la empresa Odebrecht— y que fueron devueltos mediante la asignación de obras públicas, configurando así un esquema claro de corrupción y lavado de dinero. Este no es un detalle menor; es el corazón del caso.
Muy distinto es el expediente que fabricó José Domingo Pérez contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori. En ese proceso no se logró probar ni el origen ilícito de los aportes ni la existencia de lavado de activos. Aun así, se promovió un discurso mediático que buscó instalar una narrativa de culpabilidad sin pruebas.
La justicia, tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, ha sido clara al desestimar esas acusaciones por carecer de fundamento. No se trata solamente de un asunto legal, sino también de una cuestión de principios democráticos. Por ello, José Domingo Pérez no solo debería ser suspendido: su conducta amerita que sea destituido y procesado por el grave daño que ha causado a la democracia y al Estado de Derecho.
En tiempos de polarización e intereses cruzados, la verdad y la justicia deben imponerse. Solo así podremos proteger las bases de nuestra democracia y evitar que la mentira y la manipulación continúen socavándola.
Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.