En los últimos meses, una preocupante práctica ha salido a la luz en el Perú: miles de ciudadanos descubrieron que han sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento. Lo que en un inicio parecía una rareza o un error administrativo aislado, hoy se revela como una práctica más común y sistemática de lo que se pensaba, que compromete directamente la transparencia del sistema electoral y la legitimidad de la representación política.
Con la proximidad de las Elecciones Generales de 2026, muchas personas comenzaron a consultar el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo para encontrar que, sin haber firmado nada, figuran como militantes de partidos políticos. En otros casos, la afiliación sí existió, pero bajo circunstancias engañosas: encuestas, promesas de ayuda social, sorteos, formularios genéricos, entre otros mecanismos que manipulan la buena fe o la necesidad de los ciudadanos.
Esto no solo constituye un abuso, sino una forma encubierta de fraude político. La afiliación partidaria es un acto de voluntad libre y consciente; nadie debe ser inscrito en una organización sin saberlo, ni mucho menos sin quererlo. Usurpar la identidad política de un ciudadano es tan grave como falsificar su firma o adulterar su voto. Se trata de una vulneración directa al derecho de participación política y una distorsión del padrón que da forma a la estructura de los partidos y, eventualmente, a las elecciones.
El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) reconoce esta problemática bajo el concepto de “afiliación indebida” y permite que los ciudadanos soliciten su desafiliación mediante una declaración jurada. Recientemente, el JNE eliminó el pago de S/. 46.20 que este trámite requería, una medida justa y necesaria. Además, junto con Reniec, ha comenzado a denunciar penalmente a las agrupaciones responsables de presentar firmas falsas, basándose en más de 130 informes técnicos que invalidaron 238 mil firmas.
Sin embargo, estos esfuerzos correctivos, aunque importantes, son reactivos. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que estas prácticas hayan perdurado durante tanto tiempo sin ser detectadas ni sancionadas? ¿Cuántos partidos políticos lograron su inscripción —o la mantuvieron— gracias a la manipulación del padrón?
Más allá de la depuración del registro, se requiere una reforma estructural que garantice mecanismos seguros y confiables para la afiliación política. En ese sentido, el uso del DNI electrónico y la verificación biométrica mediante la plataforma ID Perú son pasos en la dirección correcta. Pero también se necesita una fiscalización rigurosa, una ciudadanía informada y sanciones ejemplares para quienes atenten contra la voluntad popular.
La democracia no se limita al día de las elecciones. Se construye y se defiende todos los días, desde las reglas más básicas hasta los más altos procesos de representación. Garantizar que cada afiliación sea libre, informada y auténtica es una deuda urgente con todos los peruanos.