Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Hace poco, la presidenta Dina Boluarte comentó que, durante sus viajes al extranjero, suele recibir felicitaciones por el desempeño económico del Perú. Mandatarios y representantes de organismos internacionales le expresan su sorpresa: ¿cómo es posible que un país marcado por crisis políticas constantes continúe creciendo, atrayendo inversiones y reduciendo la pobreza?
La presidenta podría responder con sencillez y franqueza: no es obra suya ni de su gobierno, ni de los gobiernos que le antecedieron. El verdadero mérito está en una herramienta que, con frecuencia, pasa desapercibida en el debate público, pero que ha sido clave para el desarrollo nacional: la Constitución de 1993.
Esa carta magna, nacida en tiempos difíciles y promovida por el entonces presidente Alberto Fujimori, logró algo que pocos imaginaban: blindar al país de los vaivenes políticos y crear las condiciones para una economía estable, abierta y en crecimiento. Fue redactada por un grupo plural de parlamentarios constituyentes que, pese a sus diferencias ideológicas, entendieron que el país necesitaba un nuevo marco para salir del abismo económico y social en el que se encontraba a inicios de los años 90.
Los resultados hablan por sí solos. En 1993, más del 58 % de los peruanos vivía en situación de pobreza. Para 2019, esa cifra se había reducido a poco más del 20 %. La pobreza extrema pasó de representar casi una cuarta parte de la población a menos del 3 %. Y aunque la pandemia golpeó con fuerza, el país ha venido recuperándose con pasos firmes.
El crecimiento del PBI ha sido uno de los más sostenidos en América Latina durante las últimas décadas, con promedios que superaron el 5 % anual en muchos periodos. Las exportaciones, que apenas superaban los 4 mil millones de dólares en 1993, ahora superan los 74 mil millones. Perú no solo exporta minerales, también ha consolidado sectores como el agroindustrial, el pesquero, el textil y el de servicios. Las reservas internacionales del país superan los 85 mil millones de dólares, dando confianza y estabilidad frente a crisis externas. Todo indica que, en un futuro cercano, el Perú se posicionará como el mayor centro logístico portuario de América Latina, con el mega puerto de Chancay como eje clave.
A esto se suma un fenómeno que pocos celebran, pero que dice mucho del dinamismo de nuestra economía: cada año se crean más de 250 mil nuevos emprendimientos. Panaderías, servicios de delivery, pequeñas empresas tecnológicas, negocios familiares… todo esto es posible porque existe un entorno que promueve la inversión y protege la propiedad privada.
Este modelo constitucional, incluso con presidentes que terminaron procesados por corrupción, con congresos impopulares y protestas que sacuden regiones enteras, ha llevado a que el Perú siga avanzando.
Esa es la gran lección. El crecimiento no ha dependido de los presidentes que sucedieron a la Constitución de 1993, sino en gran parte de un sistema que ha funcionado pese a sus operadores. Un sistema basado en reglas claras, estabilidad jurídica y respeto por la economía social de mercado.
Por eso, cuando preguntan cómo es que el Perú sigue creciendo, la respuesta no está en el rostro de la mandataria de turno. Está en la visión de quienes supieron dotar al país de una Constitución que colocó a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, y que establece principios económicos que han sido motor de desarrollo.
La Constitución de 1993, diseñada con mecanismos para autoprotegerse frente a intentos de desestabilización, representa uno de los mayores aciertos de la historia republicana reciente. Gracias a este marco constitucional, millones de peruanos salieron de la pobreza, el país se integró al mercado global y el sueño de un Perú moderno y competitivo empezó a hacerse realidad.
Quizás aún falta para convertirnos en el “Singapur de América”, pero con una base institucional sólida y el compromiso de protegerla, ese objetivo está lejos de ser una utopía.