El reciente informe del Instituto Peruano de Economía(IPE), que hemos publicado, sobre la situación de la infraestructura educativa en Áncash debería generar una profunda preocupación en las autoridades. De acuerdo con datos oficiales, más del 55% de los colegios públicos en esta región se encuentran en muy alto riesgo de colapso y requieren ser demolidos para su reconstrucción. Esta alarmante realidad afecta directamente a más de 49 mil estudiantes que, lejos de encontrar un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje, asisten cada día a locales que amenazan su integridad física y limitan su desarrollo.
Esta no es una problemática nueva, pero sí es una que se agrava año tras año por la falta de una acción decidida y sostenida. El 35% de las aulas presenta daños visibles en cerraduras, techos y paredes, lo que compromete la funcionalidad de los espacios escolares. Además, siete de cada diez colegios carecen del mobiliario mínimo necesario: no hay suficientes carpetas ni pizarras. Esta precariedad no solo refleja un abandono material, sino una renuncia tácita al derecho fundamental a una educación de calidad.
Peor aún, el acceso a servicios básicos sigue siendo una deuda persistente. Menos de la mitad de las instituciones educativas públicas cuenta con agua potable, electricidad y desagüe. Más de 50 mil estudiantes ancashinos carecen de al menos uno de estos servicios esenciales. En contraste, el 93% de los colegios privados sí dispone de esta infraestructura mínima, lo que profundiza la brecha entre quienes pueden pagar por educación y quienes dependen exclusivamente del Estado.
El problema no es solo económico, aunque la magnitud de la brecha es descomunal. Según el Ministerio de Educación, se necesitarían más de S/ 7 mil millones para cerrar la brecha de infraestructura educativa en Áncash. Sin embargo, el presupuesto asignado para el año 2025 es de apenas S/ 90 millones, lo que representa solo el 1.3% de lo requerido. A ello se suma un problema estructural: en la última década, los tres niveles de gobierno solo ejecutaron en promedio el 57% del presupuesto disponible para infraestructura educativa, muy por debajo del promedio nacional de 75%.
Este panorama exige un giro radical en la manera en que se gestiona la educación pública en la región. No basta con asignar más dinero si no se garantiza una ejecución eficiente y transparente. Es indispensable fortalecer programas como el Mantenimiento de Locales Educativos y, al mismo tiempo, promover mecanismos alternativos de inversión como las Obras por Impuestos o los Proyectos Especiales de Inversión Pública.
La educación no puede seguir esperando. Cada año perdido significa miles de estudiantes que ven limitado su presente y comprometido su futuro. La Región Áncash necesita un compromiso firme del Estado, del sector privado y de la sociedad civil. No podemos permitir que nuestros niños y niñas sigan estudiando entre paredes que se caen y servicios que no existen. La verdadera reconstrucción no empieza con cemento, sino con voluntad política y sentido de urgencia.
Aunque existe otro problema y que aquí hemos tratado como es la infraestructura que se construye y se hace muy mal. En nuestras páginas hemos publicado dos casos como lo son un colegio de Yaután y otro de Pamparomas que han sido edificados por las Municipalidad Provincial de Casma y la Municipalidad Distrital de Pamparomas y ambos han colapsado.
Es decir, a pesar del déficit hay organismos del estado como son los gobiernos locales que hacen obras de colegios y las hacen tan mal que se derrumban, sobre todo las que se ubican en zonas tan necesitadas. Situaciones alarmantes que ni siquiera son castigadas por la ineptitud de los Procuradores y del Ministerio Público.