Oro manchado de sangre:
En el Perú, la minería ilegal ha dejado de ser un problema periférico para convertirse en una amenaza central contra la seguridad, el medio ambiente y el Estado de derecho. Las cifras más recientes son alarmantes: en 2024, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los US$ 7,415 millones, un crecimiento del 54% respecto al año anterior. Paralelamente, los presupuestos públicos para combatir esta actividad se han reducido drásticamente, y el principal instrumento de formalización minera, el Reinfo, no solo ha fracasado en su propósito, sino que hoy es parte del problema.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2017 como una herramienta para integrar a los pequeños mineros informales a la legalidad. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una vía para que actores ilegales operen con una fachada de legitimidad. El hecho de que el 76% de los más de 84 mil registros estén suspendidos, pero aún así sigan siendo considerados “informales” y no “ilegales”, revela una grave omisión del Estado: se ha institucionalizado la inacción.
El problema no es solo económico, aunque el monto en juego supera el de muchas exportaciones formales del país. El auge de la minería ilegal va de la mano con el avance del crimen organizado y el deterioro acelerado del tejido social. El número de homicidios por cada 100 mil habitantes casi se duplicó entre 2019 y 2024, pasando de 3.5 a 6.0. En regiones como Madre de Dios y La Libertad, donde la minería ilegal está más extendida, el aumento fue aún mayor. Asimismo, las extorsiones se multiplicaron por cuatro, y solo en La Libertad ya superan las 250 por cada 100 mil habitantes, cinco veces el promedio nacional.
Tampoco podemos ignorar el impacto ambiental devastador. Entre 2021 y 2024, se deforestaron más de 30 mil hectáreas de bosques amazónicos como consecuencia directa de la minería ilegal, una pérdida equivalente a 43 mil canchas de fútbol. Esto ocurre mientras se siguen otorgando exoneraciones tributarias al combustible en regiones como Madre de Dios, lo que subsidia de facto esta economía criminal.
Ante este escenario, la respuesta del Estado ha sido decepcionante. En lugar de fortalecer la lucha contra la minería ilegal, el presupuesto del programa nacional se ha reducido en 37% en términos reales desde 2019. En 2024, solo se destinaron S/ 89 millones a este propósito, una cifra irrisoria si consideramos que por cada S/ 100 del presupuesto público para seguridad, apenas S/ 0.50 se destinan a este combate.
El diagnóstico es claro: el Reinfo debe cerrarse. No se trata de abandonar a los pequeños productores que buscan formalizarse, sino de evitar que se siga usando esta herramienta como escudo para actividades claramente ilegales. Cualquier política de formalización debe tener límites claros, plazos definidos, y mecanismos de fiscalización eficaces. No puede haber más amnistías encubiertas ni ampliaciones populistas.
Urge una política integral basada en trazabilidad, inteligencia operativa y presencia estatal real. Esto implica vigilar la cadena de suministro del oro, sancionar a los intermediarios que lavan el mineral ilegal, y dotar a las regiones afectadas de infraestructura institucional sólida. El Ejecutivo y el Congreso deben asumir un liderazgo coordinado, dejando de lado los cálculos políticos cortoplacistas.
La minería ilegal no es solo una actividad económica ilícita. Es un fenómeno que corroe la autoridad del Estado, destruye el medio ambiente, financia redes delictivas y deja comunidades enteras atrapadas entre la violencia y la pobreza. Si no se actúa con decisión, el oro del Perú seguirá saliendo al mundo manchado de sangre, impunidad y destrucción.