Policías demoraron más de 6 horas en avisar detención:
- Fue liberado porque granada y armas estaban inoperativas, según OFICRI Chimbote.
- Con este informe, Fiscal no pudo pedir detención y en esa fecha, autor de masacre en Pataz, quedó libre.
El Fiscal Penal de Casma, Edwin Ramos Herrera, solicitó en diciembre del año 2023 a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciar una investigación contra los agentes del grupo Terna de Casma que intervinieron a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, hoy sindicado como presunto autor de la masacre de 13 mineros en Pataz.
La intervención ocurrió el 17 de diciembre de 2023 en el hostal Naty, ubicado en el A.H. Luis Pardo. Rodríguez fue detenido junto a otras cinco personas, presuntamente integrantes de la organización criminal “Los Búlgaros del Norte”, entre ellos dos menores de edad. Según el parte policial, se les incautaron dos revólveres, municiones y una granada.
Sin embargo, la Fiscalía detectó graves irregularidades en el procedimiento: los agentes tardaron más de seis horas en informar de la intervención al Ministerio Público, a pesar de que entre el hostal y la sede fiscal hay solo siete cuadras de distancia. Para el fiscal Ramos Herrera, esta demora fue injustificada y sospechosa.
Además, un informe pericial de la Oficina de Criminalística (OFICRI) concluyó que tanto los revólveres como la granada eran inoperativos, lo que debilitó las acusaciones.
Por otro lado, una de las menores asumió la tenencia de las municiones, pero debido a que no conllevaba responsabilidad penal, no se pudo formalizar su retención. La menor fue posteriormente condenada por infracción a la ley penal y enviada a un centro de rehabilitación por 12 meses, tras lo cual quedó en libertad.
En este contexto, el 19 de diciembre de 2023, Miguel Rodríguez Díaz alias ‘Cuchillo’ fue liberado, decisión que hoy genera controversia, tras ser identificado como el presunto cabecilla de la organización que ejecutó el asesinato de los trabajadores mineros en Pataz.
El caso pone en evidencia fallas graves en el accionar policial y en la cadena de justicia, por lo que se espera que las investigaciones determinen posibles responsabilidades administrativas o penales de los agentes involucrados.