La reciente reforma en la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV), impulsada por el Congreso y respaldada por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, ha encendido las alarmas entre economistas, instituciones técnicas y organismos privados. A primera vista, el aumento del porcentaje del IGV destinado a los municipios —del 2% al 4% hasta el año 2029— podría parecer una medida orientada a fortalecer la descentralización y la inversión pública local. Sin embargo, esta decisión, lejos de representar una política responsable y estratégica, encierra una peligrosa mezcla de improvisación fiscal y populismo político.
El ministro Pérez Reyes ha defendido esta medida asegurando que no tendrá efectos negativos sobre el presupuesto nacional, ya que en términos absolutos, los recursos seguirán creciendo en los próximos años. Argumenta que no hay recorte alguno, sino una redistribución. Pero esta visión optimista contrasta de forma contundente con las advertencias de expertos como Waldo Mendoza, exministro de Economía, quien ha calificado esta ley como “la más dañina del siglo” por su impacto directo sobre la sostenibilidad fiscal del Estado.
La lógica es simple: si el Gobierno Central pasa de recibir el 14% del IGV al 12%, y ese 2% adicional se reparte entre gobiernos regionales, el resultado inmediato será un menor margen para financiar políticas nacionales, programas sociales, infraestructura y deuda pública. Se estima que esta medida podría representar una pérdida de más de 10 mil millones de soles al año para el presupuesto central. Un agujero fiscal de ese tamaño no puede cubrirse solo con optimismo. El riesgo de recurrir al endeudamiento para cubrir ese vacío es alto y podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
Más preocupante aún es la falta de sustento técnico detrás de esta reforma. Tanto COMEX como el Consejo Privado de Competitividad han advertido que se trata de una decisión sin estudios serios, sin análisis de impacto y que genera una peligrosa distorsión del sistema tributario. No se puede redistribuir recursos públicos únicamente con criterios políticos o populistas. El dinero no garantiza eficiencia por sí solo.
El caso de las municipalidades en 2024 lo demuestra con claridad: recibieron S/ 28,977 millones para inversión pública, pero solo ejecutaron el 66.6%. Es decir, dejaron sin usar S/ 9,682 millones, lo que equivale a la posibilidad de haber construido casi 2,000 postas médicas. La baja capacidad de ejecución presupuestal de los gobiernos locales es una debilidad estructural que no se soluciona con más dinero, sino con reformas en gestión, transparencia y capacidades técnicas.
La verdadera descentralización no consiste en transferir recursos sin control ni evaluación, sino en garantizar que cada nivel de gobierno tenga no solo los fondos, sino también las herramientas para usarlos con eficacia. Sin esto, lo que se presenta como una medida de fortalecimiento local termina siendo una peligrosa jugada de populismo fiscal.
La demagogia no construye hospitales, no pavimenta carreteras, ni mejora servicios públicos. Solo debilita las finanzas públicas y profundiza la desconfianza ciudadana. El país no necesita más promesas fáciles, sino reformas responsables.