Mientras en el Congreso de la República avanzan las gestiones para aprobar una ley que permitiría la continuidad de universidades asociativas en crisis, la Universidad San Pedro (USP) enfrenta cada vez más reveses judiciales que complican la situación de sus actuales autoridades.
La Sala Laboral, en segunda instancia, ha declarado no ha lugar a la apelación presentada por César Obando Cadillo, asesor legal de la USP, contra la medida cautelar interpuesta por cinco ex trabajadores, antiguos miembros del sindicato de trabajadores no docentes de la universidad. Esta resolución confirma la reposición laboral dispuesta por el juzgado laboral, que había sido desobedecida reiteradamente por el rector Javier Ulloa Siccha y su equipo de asesores.
Pese a que en cuatro oportunidades el juzgado ordenó la reincorporación de los trabajadores, Ulloa y sus asesores se negaron a cumplir con lo dispuesto. Ante esta desobediencia, el juzgado laboral, respaldado ahora por la decisión de la Sala Laboral, ha iniciado el procedimiento para presentar una denuncia penal contra las autoridades universitarias por el delito de desobediencia a la autoridad.
En ese marco, ya se ha solicitado la identificación de los implicados en el caso, entre ellos Javier Ulloa Siccha, Vigo Bardales, Mariluz Almendras y César Obando Cadillo. El abogado de los demandantes ya ha remitido la información requerida al juzgado correspondiente.
Paralelamente, las autoridades de la USP vienen acumulando fallos en contra en diversos procesos ante los juzgados de la Corte Superior del Santa. A ello se suma una resolución del Tribunal Registral de Arequipa, que ha emitido un pronunciamiento clave que debilita aún más la posición del actual rector, quien se mantiene en el cargo a pesar de no contar con el respaldo legal necesario.
Actualmente, la Universidad San Pedro opera sin personería jurídica reconocida, situación que agrava su crisis institucional. La eventual aprobación en el Congreso del proyecto de ley para universidades asociativas podría representar una vía legal para destrabar los serios problemas que enfrenta esta casa superior de estudios.