Por: Walter Miguel Quito Revello
La provincia del Santa, en la región Áncash, vive una de sus peores crisis de seguridad. Chimbote, Nuevo Chimbote, Coishco, Santa, Cáceres del Perú (Jimbe), Macate, Nepeña y Samanco, distritos que componen esta provincia, están siendo golpeados sin piedad por la violencia, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico. Las calles son escenarios de ejecuciones a plena luz del día y los ciudadanos viven bajo el yugo del miedo. Es triste ver como la delincuencia se apodera de cada distrito mientras el Estado brilla por su ausencia.
Según el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), la región Áncash cerró el 2024 con 49 homicidios, casi el doble de los 25 casos de 2023, marcando un aumento del 96%. Chimbote, como capital provincial, encabezó la lista con 40 asesinatos, mientras otros distritos que antes eran tranquilos hoy aparecen en los partes policiales por crímenes cada vez más brutales.
Chimbote ya no es solo conocido por su pesca industrial. Hoy, titulares como “Ejecutado a tiros en Miramar” o “Extorsionadores hacen explotar granada en un negocio en El Progreso” son parte de la cotidianidad. En octubre de 2024, un empresario fue asesinado frente a su casa por negarse a pagar cupo a extorsionadores.
En el distrito de Coishco el 11 de diciembre de 2024, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal “Los Malditos de Tocache” en Coishco. El 20 de septiembre de 2024, el ciudadano venezolano Carlos Marín Peraza fue asesinado, el 13 de septiembre de 2024, una mujer de aproximadamente 55 años fue hallada sin vida en la carretera Panamericana Antigua, en Coishco, tras recibir siete impactos de bala. Posteriormente, se identificó como Nuvia Coromoto Aular Ramos.
En octubre de 2024, pobladores del anexo La Capilla, en Samanco denunciaron un aumento en los robos y la matanza de ganado. Los residentes informaron sobre hurtos de borregos, burros.
En Nepeña ya emblemático es el caso de Emiliano Medina, joven asesinado de varios disparos en diciembre de 2024 frente a una institución educativa. Nepeña, antaño agrícola y tranquilo, se ha convertido en campo de batalla por el control del tráfico de drogas en zonas rurales.
En enero de 2024, el alcalde del distrito de Cáceres del Perú (Jimbe), Adelmo Peralta Zavaleta, fue víctima de una amenaza de extorsión. A través de mensajes de WhatsApp, delincuentes le exigieron el pago de 30,000 soles bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia. Los extorsionadores enviaron videos mostrando armas de fuego y casquillos de balas para amedrentarlo.
Mientras la sangre corre en todos los distritos de la provincia del Santa, los congresistas por Áncash no han presentado una sola iniciativa efectiva contra la criminalidad local. El gobernador regional Koki Noriega Brito se limita a entregar patrulleros en actos protocolares, mientras se acumulan denuncias por decenas.
Los congresistas ancashinos, cuyo deber es legislar para frenar esta masacre silenciosa, han sido cómplices por omisión. ¿Dónde están los proyectos de ley para reforzar el sistema fiscal y policial? ¿Dónde está la reforma del código penal para combatir las bandas armadas que hoy gobiernan nuestros barrios?
La provincia del Santa ya no es segura para vivir, trabajar, ni criar una familia. Todos sus distritos han sido alcanzados por una ola criminal que parece no tener fin. La población exige estado de emergencia inmediato, una reforma total de la política de seguridad, y la remoción de autoridades inoperantes: comisarios, fiscales, jueces, congresistas por Ancash, alcaldes y nuestro derrotado presidente regional que se esconden tras escritorios mientras sus pueblos arden. La delincuencia no ha tomado el control por fuerza, sino por abandono. Y ese abandono tiene nombre y apellido: el del Estado peruano y sus representantes en Áncash.