Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El Perú se encuentra en la antesala de un 2025 marcado por una inestabilidad institucional sin precedentes. El Congreso, fragmentado en catorce bancadas y con una cohesión en descenso —la tendencia de votos a favor cayó del 56% al 52%—, se ha convertido en un espacio donde la negociación política se sobrepone al debate técnico. El Gabinete Arana, a la espera de un voto de confianza que podría definir su destino, enfrenta la presión de alianzas condicionadas y exigencias sectoriales, como lo demuestra la postura de Somos Perú, que solo respaldará al Ejecutivo si se incorporan sus propuestas, dejando claro que la gobernabilidad es rehén de intereses particulares.
La fragmentación parlamentaria tiene un costo palpable: en el sector minero, 72 proyectos de ley sensibles —33 de ellos presentados en los últimos meses— amenazan con modificar de manera abrupta el marco regulatorio. La reciente propuesta legislativa que propone prohibir la ampliación de plazos para la formalización minera, es apenas un ejemplo de cómo se legisla bajo presión y sin un análisis de impacto riguroso. El receso parlamentario de junio solo acelerará la aprobación de normas bajo la lógica del intercambio de favores: apoyo para la Mesa Directiva a cambio de la aprobación de proyectos propios. Esta dinámica no solo debilita la institucionalidad, sino que introduce riesgos regulatorios que podrían afectar la millonaria cartera de inversiones mineras, estimada en más de 64 mil millones de dólares para 2025.
El populismo legislativo se ha convertido en la norma. Iniciativas como la Segunda Reforma Agraria, que busca destinar un 5% del presupuesto nacional a la agricultura familiar, un nuevo retiro de las AFPs o el retiro del 50% de los fondos de la Derrama Magisterial, responden más a titulares de prensa que a una visión de desarrollo sostenible. Estas propuestas, aunque populares, pueden desangrar recursos clave del sistema previsional y ahuyentar la inversión privada en sectores estratégicos. La Comisión de Energía y Minas, bajo el control de bloques anti-sistema, ya planea reformas a las regalías que podrían poner en jaque la competitividad del país.
En este contexto, la judicialización de la política se ha vuelto un arma recurrente. La fiscalía, encabezada por Delia Espinoza, ha remitido al Congreso denuncias constitucionales que, aunque en algunos casos son legítimas, alimentan un clima de desconfianza y parálisis institucional. El Congreso, lejos de actuar como contrapeso, utiliza la admisión o el archivo de denuncias como moneda de cambio política, blindando a aliados y desestabilizando a adversarios. Este círculo vicioso envía señales negativas a los inversionistas: en el Perú, incluso los contratos más sólidos pueden ser cuestionados por razones políticas, incrementando la percepción de riesgo país.
¿Existe una salida a esta tormenta perfecta? Sí, pero requiere voluntad política y un cambio de enfoque. Las comisiones del Congreso deben priorizar el análisis técnico y el impacto de las normas sobre la retórica coyuntural. Es urgente restablecer el diálogo público-privado en sectores clave como la minería y la agricultura, promoviendo mesas técnicas y evitando leyes sorpresivas. La defensa de la institucionalidad debe recaer en el Tribunal Constitucional, que debe actuar como último bastión frente a leyes inconstitucionales.
El 2025 puede ser recordado como el año en que el Perú perdió otra oportunidad histórica, o como el momento en que la clase política entendió que sin estabilidad y reglas claras no hay progreso posible. El desenlace dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.