La Resolución Directoral 389 de la Dirección General de Capitanías(DICAPI) ha dispuesto la caducidad de la Resolución Directoral 682 que le otorgó en uso del área acuática a la empresa Servicios Marítimos y Turísticos del Perú SAC , en otras palabras la concesión otorgada en la Playa Las Conchuelas de la Isla Blanca.
Esta resolución señala que la caducidad es producto de no haber utilizado el área indicada en la Resolución 682 pues ocupó otras coordenadas. Así lo señala en sus considerandos cuando describe la inspección ocular del 19 de noviembre del 2024, diligencia que tuvo participación de personal de la Capitanía de Puerto de Chimbote y donde también estuvo la representante de legal de la empresa de la concesión.
El muelle acuático no se encuentra construido de acuerdo a las condiciones asignadas y el acceso al muelle no se ha construido de acuerdo con las coordenadas señaladas; por estas razones han incurrido en causales de caducidad, indica la resolución 389.
Según los considerandos se ha seguido el debido proceso, incluso se contó con la respuesta de la empresa referida que envió un documento sin numero después de la inspección realizada en noviembre del 2024. Agrega, además que después de otorgarse la concesión, ellos tuvieron un año para construir el proyecto que presentaron y cuando lo hicieron no estaban en las coordenadas correctas que se indicaban en la resolución 682 del año 2022.
Es importante precisar que la Resolución 389 se emite porque el concesionario no cumplió con la construcción de su proyecto tal como se indicaba al otorgársele la concesión y por esa razón caducó el derecho de uso. No precisa la resolución otro motivo, otra causa, porque esta empresa que utiliza la Playa Las Conchuelas tenía en concesión por 30 años.
Hacemos énfasis porque como es usual en el caso de la Isla Blanca se informe de manera distorsionada, tergiversada y tendenciosa por parte de sectores ambientalistas que sacan provecho de imagen en este tipo de situaciones.
La DICAPI ha intervenido como indica en su propia resolución porque el concesionario solicitó un año para la construcción de su muelle, el camino y las malocas, pero lo que allí se vio cuando se produjeron las denuncias públicas fueron chinganas, esas que vemos en nuestras playas.
También es importante mencionar que el concesionario debió solicitar los permisos a las autoridades respectivas y no lo hizo, es decir a la municipalidad y si intervinieron fue cuando se produjeron las denuncias públicas.
Aquí tenemos que ser claros y directos porque ese negocio funcionó desde el 2023 tal como lo dijimos en nuestras informaciones del 2024. Fue en ese momento cuando se dieron a conocer dos resoluciones una de la DICAPI(2022) y otra del Mincetur(2021). Las incógnitas aún continúan porque DICAPI debió exigir la Audiencia de Participación Ciudadana. Ese paso era vital para conocer las intenciones, pero no se hizo.
Cuando las empresas pesqueras piden permiso para la construcción y reparación de sus instalaciones como muelles de inmediato se convoca la participación ciudadana, aquí en este caso no se hizo ese procedimiento y quedaron en falta y hasta ahora nadie responde.