Por: Fernando Valdivia Correa
Con poco más de diez meses en el cargo, fue censurado. El Parlamento, luego de días de análisis, deliberaciones internas, conjeturas, especulaciones, cuitas, etc., le dijo “no vas más”, y Juan José dejó el gabinete. Más allá que si hizo buena gestión, o no, lo cierto es que se granjeó enemigos, y de poder y peso político. Los más conocidos (pocos, aunque con caja de resonancia) es la caviarada. Opositores a todo lo que diga (o deje de hacerlo) la mandataria, y eso únicamente por no cederles ministerios, programas de gobiernos, o consultorías, y haberles recortado drásticamente la codiciada publicidad estatal para los medios de comunicación que en su momento auparon desenfrenadamente a cuestionados personajes como Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.
Michel Foucault solía decir que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Y esto lo entendió a la perfección la progresía. Controlando al ciento por ciento la fiscalía, utilizaron (y siguen) a la mandamás (bueno, solo en el tintero), Delia Espinoza. Su ojeriza evidente hacia Dina Boluarte, hizo que -amén a las más de 35 denuncias constitucionales (que varias de ellas son archivadas en el Congreso por no cumplir con las exigencias de la Carta Política)- enfilase su inquina a los ministros. El primero, y lo logró, fue Julio De Martini. Más aún, luego de dejar el MIDIS, y ante la voceada de ocupar el puesto de embajador en el Vaticano, el Ministerio Público requirió impedimento de salida del país, a lo que el Poder Judicial le dijo NO. El siguiente fue Santiváñez, a quien se le aperturó sendas investigaciones preliminares. Se le exigió su celular, y a falta de uno entregó dos. Se le requirió su contraseña, y dijo no. Lo amenazaron por negarse, y replicó lo mismo. Y eso fue suficiente para que en dos ocasiones literalmente golpearan su casa. El pretexto, obvio, encontrar pruebas. Pero eso sí, hay que precisar que no se trataron de delitos como secuestro, corrupción, o lesa humanidad, sino de abuso de autoridad y tráfico de influencias. El denunciante en el primer caso, el Oficial PNP que presta servicios comunitarios en Moquegua, conocido con el alias de “culebra”; mientras que el otro, como de pésima costumbre, un NN que argumentó que Juan José desembolsó miles de dólares para favorecer a su cliente ante el Tribunal Constitucional. De nada sirvió que hasta la fecha no se hubieran encontrado indicios (y menos pruebas) producto del violento allanamiento a su morada, ni que los propios Tribunos negasen lo ocurrido, pues la fiscalía solicitó impedimento de salida del país. Y obvio, también lo logró. La Corte Suprema, revocando la decisión adoptada por el juez Juan Carlos Checley, le prohibió salir del territorio patrio por 18 meses.
Carlos Coria, abogado de Santiváñez, cuestionó la resolución aduciendo -entre otros- que la Sala no tomó en consideración el arraigo laboral de su patrocinado como Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
Es válido afirmar que la política en nuestro hermoso Perú (aunque también en otras latitudes) es hacer posible aquello que a la lucidez humana pareciera inimaginable (¿un ejemplo?, claro, Pedro Castillo como Presidente Constitucional de la República). Así, resulta irónico que mientras que un sector de la clase política y prensa le exigieron que se vaya del Ejecutivo, otros en cambio, (Ministerio Público y el Poder Judicial) le exigen que se quede. En tanto JJ, con el humor sarcástico que lo caracteriza, tuiteó “me perderé el mundial (2026) y mis conciertos”.